Así figura en el informe de la Comisión Europea sobre el plan de recuperación de España, en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez enmarca esta revisión del sistema de pago en carreteras dentro de un epígrafe de reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica. En concreto, apunta a “impuestos o pagos relacionados con la movilidad, como la introducción de peajes de carretera y la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación de vehículos”.
No obstante, el Gobierno detalla aún más esta medida en la reforma que prevé lanzar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, con la que espera sentar las bases de una nueva movilidad en España.
“La creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de ‘quien contamina paga’”, asegura el documento en un anexo, como ya avanzó el Gobierno en el primer documento que remitió a Bruselas en el marco de las ayudas europeas, recoge Europa Press.
“El objetivo de esta medida es internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, justifica.
Sin embargo, esta última reforma para instaurar una Ley de Movilidad Sostenible verá la luz más tarde, en concreto antes del 31 de diciembre de 2023, según figura en el documento.
Por ello, dependiendo de en qué reforma circunscriba el Gobierno la aplicación de peajes, el sistema definitivo que supondrá el pago de peajes en todas las autovías del país estará preparado o bien en 2022 o bien en 2023.
En un primer documento, el Ejecutivo, basándose en la experiencia internacional, ya señaló que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
No obstante, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
La principal razón para la introducción de peajes, al margen de por criterios medioambientales, es el abultado déficit que arrastra la conservación de las carreteras. “Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, señala el texto.
El Gobierno también aclara que el sistema podría ser “escalable y progresivo”. Es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.
Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas “asumibles pero que garanticen la financiación”.
Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.
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