Mazo de juez
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha puesto en contacto con la sección penal de la Comisión General de Codificación para estudiar si la tipificación de los delitos sexuales está “convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico” o hace falta revisarlos.
Se trata del “órgano superior colegiado de asesoramiento al Ministro de Justicia” encargado de “la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico”.
Y está dirigido solo por hombres. Su presidencia la tiene atribuida el propio titular de Justicia, Rafael Catalá, y la vicepresidencia recae en el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia (en este caso José Amérigo Alonso). Las cinco secciones en las que se divide también están presididas por hombres. Hay cuatro tipos de vocales: natos, permanentes, adscritos y honorarios.
Los natos son los responsables de 13 órganos nacionales del sector más los altos cargos del Ministerio de Justicia.
La proporción de mujeres entre los vocales permanentes de cada departamento (Civil, Mercantil, Penal, Derecho Público y Derecho Procesal) es muy baja: solo una quincena del centenar de vocalías de esta comisión están ocupadas por mujeres.
En la sección que se encargará de revisar la tipificación de los delitos a los que hace alusión la sentencia de ‘La manada’, de Derecho Penal, hay 20 vocales permanentes: todos son hombres.
El estatuto que regula esta Comisión contempla que, «cuando se trate de asuntos para los que se considere conveniente la colaboración de otras personas por su especial competencia, aquellas podrán ser nombradas por el Ministro de Justicia vocales adscritos de la Comisión, incorporándose a una Sección, ponencia o grupo de trabajo, con el fin de colaborar en estos durante el tiempo que sea preciso».
El presidente de esta sección, la cuarta, está dirigida por Esteban Mestre Delgado. Catedrático de Derecho Penal y abogado en ejercicio según explica la web del Ministerio, es también director de la revista “La Ley Penal” y asesoró a interior en las modificaciones del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras paradas de su currículum.
Esteban Mestre es también el abogado de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid imputado en la trama Lezo por el presunto saqueo del Canal de Isabel II.
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