Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno
Las reacciones a lo acontecido este miércoles en el Parlament de Cataluña no se han hecho esperar. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado durante una dura comparecencia que el Ejecutivo nacional ya se ha comunicado al Tribunal Constitucional que “declare nulos estos acuerdos y que proceda a llamar a declarar a particulares para exigir responsabilidades penales”.
En una rueda de prensa urgente, Sáenz de Santamaría ha lamentado “el abochornante espectáculo que se ha presenciado” en el Parlament Catalán. “Creo que no he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política”, ha afirmado. Después de relatar lo sucedido que, a su entender, es más propio de “regímenes dictatoriales”, la vicepresidenta del Gobierno ha advertido que si finalmente se termina de aprobar la proposición de Ley de Referéndum, acto seguido, “en cuanto se vote, se solicitará al Consejo de Estado informes de constitucionalidad y se remetirá al Tribunal Constitucional”.
“El Gobierno garantiza que se mantendrá la dignidad de las instituciones, aunque en estos momentos se esté celebrando una sesión ordinaria donde se ha incluido un punto ilegal y anticonstitucional. Los diputados y la presidenta saben lo que es ilegal y lo que no. Forcadell no sabe lo que es una democracia o no. Bajo su mandato ha muerto la democracia. Ya ha sido advertida por el Constitucional y nadie en ese parlamento debe ignorar que votar esa proposición de ley tiene graves consecuencias y que se debe respetar la democracia”, ha sentenciado la vicepresidenta del Gobierno.
Y es que las decisiones que el Ejecutivo ha trasladado al Tribunal Constitucional han apuntado directamente a las acciones de la presidenta del Parlament, así como a los miembros de la Mesa que han permitido esta sucesión de hechos. “Es un acto de fuerza contrario al derecho de los catalanes”, ha insistido Sáenz de Santamaría. “Es vergonzarte ver como a los diputados no se les da derecho a voto y a defender sus ideas; ver cómo se usurpan las competencias de los servidores públicos que están llamados a ordenar los debates”, ha completado.
Pese a este escenario abierto, el Gobierno ha querido “trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes” ante “la patada a la democracia, a los catalanes y a la decencia política”. “Hemos puesto en marcha todos los mecanismos legales en marcha para responder a esta barbaridad […] El Gobierno de la Generalitat están actuando de la manera más radical que hay. Se incumplen leyes y sentencias; se impone el silencio y la amenaza… No vamos a permitir que esto suceda y con toda la fuerza que da el Estado de Derecho, que nadie dude de que lo haremos.”, ha concluido Sáenz de Santamaría.
Por su parte, Fiscalía Superior de Cataluña también ha anunciado que presentará una querella por los delitos de desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament que han aprobado la admisión a trámite de la Ley de Referéndum. De esta manera, los pasos soberanistas ya se han encontrado la oposición del Tribunal de Cuentas, del Gobierno nacional, del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía Superior de Cataluña.
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