La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez)
Estas medidas son enmiendas transaccionales que los grupos parlamentarios han introducido este martes a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, que presentaron conjuntamente Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG y ahora se encuentra en la fase de ponencia.
En lo que respecta al tope a los precios de los alquileres de habitaciones, PSOE, Sumar, ERC y Bildu han firmado una reforma, recogida por Europa Press, para que pasen a tener el precio regulado de manera que la suma de la renta de las habitaciones no supere el tope establecido para los pisos. Además, los arrendatarios quedarán protegidos con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de un piso entero.
Estos mismos grupos parlamentarios han firmado otra enmienda para reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos y que en ningún caso puedan fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al inquilino de “cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.
En otro orden de cosas, las enmiendas que se han registrado este martes en la ponencia de la ley fijan que los contratos de temporada o de habitaciones contarán con las mismas garantías que un contrato de arrendamiento habitual, incluyendo la prohibición de cobrar honorarios en el inquilino, los límites de fianza y la regulación de los precios.
Asimismo, sólo podrán formalizarse alquileres temporales de un máximo de 12 meses si se justifica la causa. De esta forma, si la causa no está justificada o si se encadenan contratos temporales con los mismos locatarios, el contrato pasará a ser automáticamente de cinco o siete años, según la citada agencia.
Aunque la ley que incluye todas estas medidas ha conseguido prosperar en la ponencia gracias al apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, el texto tiene que ir ahora a la Comisión de Vivienda y después al Pleno, donde Junts puede unir sus votos a PP y Vox para tumbar este texto legislativo.
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