El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
El texto firmado entre el Gobierno y Bruselas fija para finales de 2022 “la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”.
Esta reforma, señala el documento, deberá estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el cuarto trimestre de 2022, fecha en la que también tendrá que estar recogida la sustitución del factor de sostenibilidad por el intergeneracional o la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos. De esta reforma de las pensiones dependería el cuarto desembolso de los fondos, que se espera para inicios de 2023 y asciende a 10.000 millones de euros.
A día de hoy, el periodo de cálculo de las pensiones se sitúa en los 24 años, prorrogables hasta los 25 a partir de 2022. Ya en diciembre del año pasado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar progresivamente de 25 a 35 años cotizados el plazo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión.
La propuesta, sin embargo, desató una fuerte polémica entre PSOE y Unidas Podemos, ya que en general supone un recorte a futuro de las pensiones teniendo en cuenta que lo habitual es que los salarios sean ascendentes en la vida laboral del trabajador.
El Gobierno anunció ayer que había finalizado “con éxito” las negociaciones con la Comisión Europea para la aprobación de las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (OA, en sus siglas en inglés)
En virtud del acuerdo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Bruselas mantendrán intercambios trimestrales para hacer balance de los avances en la aplicación del Plan de Recuperación. Éstos podrán tener lugar personalmente tanto en España como en Bruselas o podrán efectuarse de manera virtual. Como punto permanente del orden del día en estas reuniones de balance figurará el calendario de las solicitudes de pago.
Al margen de estas reuniones entre España y la Comisión Europea, se podrán celebrar otras sobre inversiones o reformas concretas o sobre cuestiones del Plan de Recuperación que afecten a varios componentes para garantizar la coherencia en su desarrollo.
Con la aprobación de las Disposiciones Operativas, España cumple el requisito clave para seguir avanzando en la ejecución del mayor paquete de estímulo europeo, que asciende a 750.000 millones de euros. De todo ese volumen de recursos, a España le corresponden 140.000 millones de euros.
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