Es la primera vez que Barcelona destina parte de la tasa turística al control de los pisos turísticos ilegales
Desde el 1 de julio, todos los alojamientos de uso turístico están obligados a inscribirse en el Registro único de alojamientos temporales. El Gobierno advierte que quienes no cumplan con esta norma verán sus anuncios eliminados de las plataformas digitales. Ahora, tras varios meses de funcionamiento, los datos confirman que decenas de miles de pisos han quedado fuera de la legalidad y deberán retirarse.
Desde enero, el Registro ha recibido 336.497 solicitudes de alta, de las cuales 264.998 correspondían a viviendas de uso turístico. Entre estas, 53.786 solicitudes fueron revocadas (20,3%), lo que evidencia el alcance de la medida.
El Ministerio de Vivienda exige retirar más de 53.000 anuncios por incumplir la normativa, con un nivel de revocación que roza el 20% de las solicitudes turísticas
| Comunidad Autónoma | Solicitudes revocadas |
|---|---|
| Andalucía | 16.740 |
| Canarias | 8.698 |
| Cataluña | 7.729 |
| Comunidad Valenciana | 7.499 |
| Galicia | 2.640 |
| Baleares | 2.373 |
| Comunidad de Madrid | 1.531 |
| Región de Murcia | 1.402 |
| Cantabria | 955 |
| Extremadura | 181 |
| La Rioja | 136 |
| Ceuta y Melilla | 13 |
Los datos municipales revelan que Sevilla es la ciudad con más solicitudes rechazadas, con 2.289, seguida de Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Málaga (1.471) y Madrid (1.257). También destacan Benalmádena (926), Adeje (765), Valencia (731), Torrevieja (700) y Fuengirola (686).
Sevilla y Marbella encabezan la lista de ciudades con más pisos turísticos ilegales, superando incluso a Madrid y Barcelona
En el caso madrileño, los datos llaman la atención: el 83% de los registros se tramitaron como alquiler temporal y solo el 17% como turístico, una inversión respecto al patrón nacional. Además, más de un tercio de estas solicitudes turísticas han sido revocadas por no cumplir los requisitos.
En Madrid, la mayoría de los inmuebles se registran como alquiler temporal y no como turístico, lo que refleja un mercado atípico frente al resto del país
El Ejecutivo insiste en que el propósito de esta política es recuperar viviendas para uso residencial, reducir la economía sumergida y controlar un sector que en algunos municipios duplicaba la oferta legal de alojamientos. El Ministerio recalca que las plataformas digitales tienen la obligación de retirar los anuncios ilegales y verificar que todos los inmuebles dispongan de número de registro válido.
El Gobierno busca liberar vivienda para alquiler residencial y obligar a las plataformas a depurar anuncios que carezcan de registro oficial
El control sobre los pisos turísticos ilegales marca un nuevo capítulo en la lucha por garantizar el derecho a la vivienda. Con más de 53.000 anuncios en el punto de mira, el Gobierno espera aumentar la oferta de alquiler residencial y poner coto a un fenómeno que ha transformado el acceso a la vivienda en las principales ciudades españolas.
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