13-09-2021 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El pleno del Congreso de los Diputados debate hoy la necesidad extraordinaria de prorrogar la suspensión de las reglas fiscales de cara a 2022 ante la emergencia provocada por la pandemia de la Covid-19 en España. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press
En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el ministro ha asegurado que leerán todos los informes recibidos en el trámite de audiencia pública, no solo el del CGPJ, que «no es vinculante», como ha recordado. Así, ha destacado que el compromiso del Gobierno es hacer de la vivienda un derecho y facilitar su acceso a todas las personas con dificultades.
«Vamos a leer el informe, lo respetamos, no tenemos ánimo de polemizar, vamos a leer sus argumentos», ha indicado, para así «intentar mejorar esa ley que queremos sea impecable desde el punto de vista jurídico», ha añadido.
Este lunes, el CGPJ hizo público su informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en el que recordó al Ejecutivo que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución «corresponde a cada una de las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas».
Bolaños, sin embargo, ha defendido que el Gobierno ha sido «especialmente cuidadoso» con las competencias autonómicas en el borrador de la ley que ha elaborado y ha reiterado que el objetivo del Ejecutivo es claro. «Vamos a regular el derecho a la vivienda, creemos que es un problema social al que hay que dar solución», ha apuntado.
Así, ha insistido en que hay personas con dificultades que no pueden acceder a una vivienda y el Gobierno «no se siente ajeno» a este problema e intenta regular por primera vez en democracia una ley estatal que garantice este «derecho» a través de incentivos para los propietarios y ventajas para los inquilinos. «Es una ley buena para todos», ha terminado.
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