Carolina Darias / Foto: Pool Moncloa - Fernando Calvo
Así mismo, informa en un comunicado que los Ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes en caso de que la Junta de Castilla y León ponga en marcha mañana, como anunció, las medidas antiaborto impulsadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo de Vox. El presidente de la Junta , Alfonso Fernández Mañueco, dijo ayer en un acto del PP que los médicos pongan el latido fetal a las embarazadas para que lo escuchen y que vean una ecografía del feto son medidas para impulsar la natalidad.
En el requerimiento oficial que ha enviado esta tarde el Ministerio de Sanidad se solicita a la Junta que «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo» y que, en caso de haber sido ésta ya adoptada, se produzca «el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico».
También se le exige que «la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas».
Además, el requerimiento pide que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.
«En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico», precisa el escrito.
Además, concluye que «el Gobierno estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma».
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