óscar lópez
Se trata de una normativa del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que lidera Óscar López, y que busca trasladar al ordenamiento jurídico español las disposiciones previstas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).
La medida es una de las 31 reformas previstas en el ‘Plan de Acción por la Democracia’ impulsado por el Gobierno en septiembre de 2024 y que afecta a los medios de comunicación, los partidos políticos y el Poder Legislativo, entre otras instituciones.
Dicho plan contemplaba la reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, así como limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones.
En materia de medios, el Ejecutivo también ha puesto en marcha otras reformas como la de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, o la reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación, entre otras.
Asimismo, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso prevé la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación, recoge la citada agencia.
Dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.
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