Jubilados y pensionistas en un parque de Oviedo
La reforma de las pensiones que está llevando a cabo el Gobierno, y que cuenta con el respaldo del Pacto de Toledo, enumera una serie de gastos que considera impropios y que está pasando desde la Seguridad Social a Hacienda. Dentro de esa transferencia, en 2022 la Seguridad Social se quedará con 1,5 puntos de cotizaciones (5.084 millones de euros) que pertenecían al Ministerio de Trabajo y que se dedicarán a financiar las pensiones.
Otras partidas que se traspasan al presupuesto del Estado son las prestaciones contributivas por maternidad y paternidad (2.880 millones); las reducciones de cotizaciones para favorecer el empleo (1.690 millones); las subvenciones a regímenes especiales como el agrario o los contratos de formación (996 millones); el coste de las jubilaciones anticipadas involuntarias (2.079 millones); la jubilación anticipada sin coeficiente reductor de algunas profesiones penosas (378 millones); la prestación para la reducción de la brecha de género (884 millones); la integración de lagunas en las carreras de cotización (468 millones); las pensiones en favor de familiares (387 millones), y los complementos de prestaciones contributivas como las que hay para viudedad, orfandad o incapacidades permanentes (3.549 millones).
Según asegura El País, la idea del ministro Escrivá es trasladar el agujero presupuestario donde hay más instrumentos con los que hacerle frente. Y así se pretende alcanzar en 2023 una transferencia total del Estado por valor de 22.567 millones.
Además, hay otras aportaciones que ya estaban, como los 7.000 millones para complementar las pensiones mínimas y otros 2.700 millones para las no contributivas.
Con estas inyecciones se pretende reforzar el sistema y ganar margen para poder hacer frente a la jubilación del ‘baby boom’. En el pico de jubilaciones, allá por 2050, habrá unos 15 millones de prestaciones frente a los 10 millones de la actualidad.
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