La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera
«El Gobierno sigue trabajando para superar una coyuntura extraordinaria. Y ha iniciado una ronda de contactos con la industria, los consumidores y también con las eléctricas, con las que siempre hemos mantenido los canales de interlocución», han indicado en fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
«Al mismo tiempo seguimos trabajando en Europa, porque siempre hemos dicho que preferimos una solución de ámbito europeo y esperamos al paquete que la Comisión ha anunciado que presentará la semana que viene», han agregado las mismas fuentes.
El Ministerio para la Transición Ecológica hacía esta valoración tras conocerse que se plantea suspender o modificar el mecanismo de minoración de los ingresos que reciben la hidráulica, la nuclear y algunas renovables que van a mercado por los beneficios que reciben cuando el gas marca el precio marginal en el ‘pool’, según publica el diario Cinco Días.
El fuerte incremento de precios desde el pasado 14 de septiembre en que entró en vigor el real decreto ley que incluye dicha medida, que está pendiente de su convalidación en el Congreso, ha llevado al Gobierno a un replanteamiento, pues supondría, para precios del gas superiores a 100 euros el MWh, duplicar prácticamente el recorte de los ingresos a las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, fijado inicialmente en 2.600 millones de euros, según indica el rotativo.
Precisamente, la vicepresidenta Teresa Ribera ha convocado a partir de hoy una ronda de encuentros con los responsables de estas compañías (el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés), para tratar sobre la cuestión y buscar soluciones. Las empresas perfilaban ayer sus propuestas, según Cinco Días.
Las opciones serían el aplazamiento de la norma o una modulación de la misma que no suponga «una expropiación tan grave» de los ingresos. Está previsto que el Pleno del Congreso debata y vote la próxima semana, el jueves 14 de octubre, el decreto ley que obliga a las compañías a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan.
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