El Gobierno fija un pago de 80 millones por la indemnización de Castor en 2018 pese a la sentencia del TC

El Tribunal Constitucional (TC) tumbó la semana pasada la indemnización de 1.350 millones de euros a las empresas promotoras del proyecto Castor, entre ellas el grupo ACS que preside Florentino Pérez. Pese a ello, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía ayer la orden del Ministerio de Energía que establece los peajes y cánones del sistema gasista para 2018, en la que la cartera que dirige Álvaro Nadal fija el coste que tendrán que asumir los consumidores en su recibo de gas por el fallido almacén: más de 100 millones de euros, de los que alrededor de 80 millones corresponden al pago a “los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasista”, es decir, a la indemnización anulada.

La orden fue suscrita el 22 de diciembre, el mismo día que se publicó la sentencia del TC, y el dictamen judicial no ha frenado su publicación en el BOE.

En su artículo 5, dicho documento recoge el “Reconocimiento de retribuciones de conformidad con el Real Decreto ley 13/2014, de 3 de octubre”, la norma por la que el Gobierno de Mariano Rajoy fijó la indemnización a Escal UGS, la concesionaria del proyecto Castor (participada en un 66,7% por ACS), y que cuestiona el Constitucional. Dentro de este apartado “se reconoce un importe de 80.664.725 euros” a los titulares de cobro de la indemnización de la instalación.

Además, en el mismo artículo, se reconocen también unos “costes provisionales de operación y mantenimiento” para el año que viene, que en este caso serán abonados a ENAGAS Transporte, por valor de 15.718.229 euros. “Los costes reales incurridos deberán justificarse con la correspondiente auditoría y se determinarán con carácter definitivo por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previa propuesta de la Comisión de los Mercados y la Competencia”, explica la orden.

La sentencia del TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso contra varios artículos de ese decreto ley del 3 de octubre del 2014. Declara los artículos “inconstitucionales y nulos”, pues considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”.

Por su parte, el Gobierno defiende el pago de la indemnización y asegura que la sentencia no declara “indebido” el pago realizado, sino que lo que cuestiona es el “vehículo normativo empleado”, un decreto ley. El Ministerio de Energía insiste además en que no sabe aún si reclamará las cantidades abonadas a las empresas, pues reitera que lo que se cuestiona “no es el fondo sino la forma”. De momento, ha seguido adelante con las compensaciones, como demuestra el documento publicado en el BOE.

Pero además, del artículo 5, la orden del ministerio de Nadal recoge otra ‘sorpresa’. A estos 96 millones de euros que suman la indemnización y el mantenimiento habría que añadir otro coste que podría asociarse también al almacén ubicado frente a las costas de Castellón, pues también irá a para a manos de Escal UGAS. Se trata de cerca de 6,5 millones de euros (6.493.768,70 euros) que se pagarán a esta empresa en concepto de “Anualidad del año 2018 correspondiente al déficit acumulado a 31 de diciembre de 2014”.

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