La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que la minoración se aplicará “a quienes hayan incorporado beneficios extraordinarios al precio del gas”, precisando “por razones de transparencia y estabilidad” lo anunciado hace poco más de un mes.
“Es necesario dar transparencia a quienes, al no haber incorporado este beneficio, no se ven sometidos a la minoración”, ha asegurado la ministra durante una intervención en La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros. Así, ha precisado que “quedan exentos los contratos a plazo fijo y precio fijo” realizados antes del 16 de septiembre, así como los “nuevos contratos a tipo fijo”. “Si tienen indexado el precio al mercado, se minorará la parte proporcional”, ha añadido Ribera. En los demás supuestos se aplica la misma regla de minoración anunciada en septiembre.
La ministra ha pedido “prudencia” sobre el cálculo del impacto de esta minoración, después de que en septiembre lo cifrase en unos 2.600 millones de euros. Al mismo tiempo, ha agradecido “el esfuerzo de todos los actores que han estado pensando en el modo de facilitar un precio bajo de la electricidad”. Entre ellos, a los máximos ejecutivos de algunas compañías que “se han comprometido en público y en privado a mantener los contratos, extenderlos y ampliarlos”, algo que se ha mostrado confiada en que se produzca.
A cambio de estas matizaciones, el Ejecutivo ha aprobado nuevas medidas de “transparencia”, en las que se “introducen obligaciones para las empresas energéticas que permitan conocer los mecanismos de formación de precios”.
Así, las eléctricas estarán obligadas a informar de “todas las condiciones de los contratos” a los clientes finales y comunicar, “con un formato común y con un mes de antelación”, cualquier eventual modificación de las condiciones. El público deberá tener disponible todas las ofertas de las compañías en la CNMC.
En el mercado mayorista de la electricidad “será obligatorio que productores y comercializadoras informen de manera actualizada a la CNMC sobre la configuración de los precios”.
El Gobierno ha aprobado además un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico.
Se trata de un cheque adicional a las ayudas que ya reciben estos consumidores vulnerables por medio del bono social térmico, ante la subida de la electricidad y del gas que se lleva registrando desde hace meses.
Ribera ha señalado que el cheque estará disponible a partir de diciembre y que a tal fin, el departamento que encabeza liberará las partidas económicas necesarias que serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda.
Asimismo, el Gobierno ha aumentado los descuentos que ya se aplican al bono social eléctrico y al que se acogen 1,2 millones de hogares. Los descuentos pasarán ahora del 25% al 60% de forma general y del 40% al 70% para los casos severos.
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