Los ministros de Transporte y del Interior, José Luis Ábalos y Fernando Grande Marlaska, respectivamente.
El Gobierno ha conseguido evitar este jueves evitar en el Pleno del Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que reclamaba el PP por la crisis generada en el seno de la Guardia Civil a raíz del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, y lo ha conseguido gracias al apoyo del PNV, pero también con la abstención del BNG y de los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, y la ausencia de Junts.
Los ‘populares’ decidieron llevar a la Cámara la censura de Marlaska, la primera a un miembro del Gobierno en esta legislatura, después de su decisión de apartar a Pérez de los Cobos de la Comandancia de Madrid por pérdida de confianza, al no informar sobre la investigación judicial de la manifestación del 8M.
Un cese que aceleró la dimisión posterior del director ajunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y la salida del ‘número tres’ del Instituto Armado, Fernando Santafé, y que provocó que semana tras semana el PP, Vox y Ciudadanos reclamaran, sin éxito, la dimisión del ministro.
Tanto Vox como Ciudadanos, además de UPN, han respaldado este jueves la reprobación de Marlaska planteada por los de Pablo Casado, pero no ha conseguido salir adelante porque el PSOE y Unidas Podemos han logrado salvar la cara del ministro con 167 votos frente as 151.
PERO «SE MERECE» LA MAYOR DE LAS CENSURAS
Ahora bien, ERC, Bildu y Junts recalcaron durante el debate de esta iniciativa que el ministro merece «la mayor de las reprobaciones» por haberse negado a investigar las «torturas» en las cárceles en su etapa como juez de la Audiencia Nacional o por su «falta de contundencia» ante los «abusos» policiales en Cataluña, no por los motivos esgrimidos por el PP en su moción.
En concreto, el PP pedía en su texto censurar a Marlaska por «su actitud antidemocrática» apartando de sus puestos a los mandos de la Guardia Civil que, en cumplimiento de su deber de proteger y garantizar los derechos y libertades constitucionales, no se pliegan a sus órdenes ilegales». Y reclamaba, además, restituirle en su puesto, una propuesta esta última planteada por Vox que el PP acabó sumando a su iniciativa.
Asimismo, el primer partido de la oposición quería que la Cámara señalara al titular de Interior por sus «injerencias» en el funcionamiento de la Justicia para evitar investigaciones penales abiertas que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que era el investigado en la causa que finalmente se archivó.
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