La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que en el Gobierno está analizando establecer un IVA reducido para los vehículos eléctricos, como parte del «complejo» paquete de medidas que está estudiando en el marco de la fiscalidad verde.
En declaraciones a Radio Nacional recogidas por Europa Press, calificó como «interesante» ver si se puede discriminar de una forma positiva los comportamientos que se busca impulsar en el marco del paquete de reflexiones que debe acompañar una fiscalidad renovada.
«Si hay posibilidad de trabajar con IVAs reducidos, que deben contar con el visto bueno de la UE, es una de las cuestiones que nos tenemos que plantear», aseguró la vicepresidenta del Gobierno, que indicó que todos los problemas no se podrán resolver de forma inmediata y que todavía queda por delante toda la legislatura.
En cuanto a la fiscalidad verde, Ribera subrayó que España «está por debajo» en comparación con la media de los países de la OCDE, aunque apuntó que el sistema fiscal español cuenta con distintas figuras que inciden en «cosas parecidas o complementarias» y que son gestionadas por distintos niveles de la Administración, lo que obliga a ir con «mucho cuidado».
«En ocasiones, si no se hacen bien las cosas puede haber una necesidad de acompañar con medidas sociales en ese proceso de transformación, para que la absorción de algo que hasta ahora no estaba gravado y que pasa a ser gravado no recaiga en rentas que de algún modo necesitan estar preparados para lo que se quiere conseguir pero que, de entrada, no lo tienen tan fácil», añadió.
2040, ESCENARIO «CONSERVADOR»
Respecto a la fecha de 2040 para dejar de vender vehículos de combustión en España, la titular de la cartera para la Transición Ecológica indicó que esta decisión, «probablemente conservadora y prudente», está en línea con la senda establecida en Europa.
En este sentido, indicó que el Ejecutivo español no se plantea adelantar esta fecha como han propuesto otros países del entorno comunitario, sino que su intención es seguir lo establecido por Europa y acompañar a la industria de automoción para que ese proceso tenga lugar «con carácter gradual».
No obstante, señaló que puede haber excepciones en estos plazos, en zonas específicas, como islas, o con escenarios de alta contaminación. «Nosotros, creo que debemos trabajar muy de la mano con el sector industrial y escuchar con mucha atención la versión de los ciudadanos», apuntó.
DIÉSEL
Por otro lado, Ribera resaltó que desde el Gobierno siempre se ha mandado un mensaje «claro y mantenido» respecto al diésel y añadió que en la actualidad las razones que justificaban un tratamiento fiscal diferente al diésel y a la gasolina «tienen poco sustento».
Sin embargo, señaló que existirán excepciones, a través de un tratamiento fiscal específico, para personas que en la actualidad utilizan vehículos diésel, como por ejemplo tractores, en su trabajo cotidiano.
«Los vehículos que se ponen hoy en el mercado tienen, afortunadamente, unos parámetros de protección ambiental enormemente más rigurosos de lo que eran hace diez o quince años. Cualquiera puede comprar cualquier cosa que haya en el mercado, aunque a medio plazo veremos un proceso de transformación muy importante, no solo del tipo de motor, sino de la movilidad», sentenció.
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