La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Foto: Moncloa)
En una apuesta por reforzar la calidad universitaria en España, la ministra Diana Morant ha reunido este lunes al Consejo de Universidades para informar sobre el nuevo decreto universitario, que se prevé aprobar en junio. La norma afectará a diez proyectos de universidades privadas que aún no cuentan con los informes preceptivos y busca garantizar un modelo educativo más sólido y con verdadera vocación investigadora.
Según el Ministerio, la medida llega tras constatarse un crecimiento acelerado y poco regulado del sector privado universitario, que ha pasado de tener solo 4 centros en los años 90 a 46 en la actualidad.
Las universidades privadas que aspiren a abrir deberán cumplir con una serie de condiciones mínimas:
Alcanzar 4.500 alumnos en cinco años.
Destinar al menos el 5% del presupuesto a investigación.
Ofrecer un mínimo de 10 grados, 6 másteres y 3 doctorados en tres ramas distintas.
Contar con un 50% de profesorado con título de doctor.
Además, se exigirá una evaluación independiente de calidad a cargo de la ANECA o de agencias autonómicas, y una comisión de evaluación donde la mayoría del profesorado sea elegido por sorteo.
“Hay que frenar la expansión de universidades de garaje, que son negocios”, advirtió Morant, quien insiste en que el nuevo sistema garantizará rigor y excelencia académica
La nueva norma ha levantado una fuerte oposición por parte de gobiernos autonómicos del PP, especialmente Madrid y Extremadura, que consideran que se vulnera la seguridad jurídica y las competencias autonómicas.
Emilio Viciana, consejero madrileño, ha calificado el decreto de “inconstitucional”.
Extremadura advierte de que “genera incertidumbre” y puede frenar inversiones ya en curso.
También han expresado críticas Valencia y el País Vasco, al considerar que se invaden competencias educativas propias.
Desde el PSOE de Castilla-La Mancha se ha intentado mediar afirmando que la intención no es ir contra lo privado, sino garantizar que las nuevas universidades sean centros de calidad con compromiso investigativo.
Diana Morant recordó que España ha pasado en pocas décadas de tener 4 universidades privadas a casi igualar en número a las públicas (46 frente a 50), algo que para el Gobierno requiere un control más estricto.
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