La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. (Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo)
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto-ley que prorroga lo que queda de año las medidas ya adoptadas en ámbitos como el transporte o la vivienda. De esta forma, mantiene las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, huevos, frutas y verduras) y del 10% al 5% en otros productos básicos, como la pasta y los aceites.
A esto hay que sumar las ayudas a las comunidades para cofinanciar los descuentos del 50% en los abonos y títulos multiviaje de transporte público. El Estado destinará hasta 380 millones de euros más para cubrir el coste de la reducción de un 30%, siempre y cuando las administraciones autonómicas y locales financien como mínimo un 20% adicional.
Además, ha prorrogado la bonificación a los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera, que se articula en dos fases: la primera contempla la prórroga del descuento de 10 céntimos por litro de combustible consumido hasta el 30 de septiembre, y la segunda una bonificación de 5 céntimos de euros entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.
Para las flotas movidas por gas se prevé una compensación de 13 céntimos hasta septiembre y de 7 céntimos de euros durante el último trimestre del año, dadas las especiales circunstancias a las que se enfrenta el precio del gas en esta etapa.
En cuanto al campo, también se han ampliado las ayudas para la compra de gasóleo agrario y pesquero hasta el próximo mes de diciembre. En concreto, el descuento ascenderá a 10 céntimos por cada litro consumido durante tres meses y a 5 céntimos durante otros tres meses, que se calculará teniendo en cuenta la media mensual realizado durante 2023.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, varias medidas “para la conciliación y equiparación de derechos”. En concreto, se tratan de tres permisos que se incluían en la Ley de Familias, cuya tramitación se vio interrumpida por el adelanto de las elecciones generales.
En primer lugar, un permiso de cuidado de cinco días al año, retribuidos, “que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta 2º grado como de un conviviente, algo nuevo hasta ahora”.
Además, un segundo permiso “por causa de fuerza mayor”, que se distribuirá por horas y podrá alcanzar en total hasta cuatro días al año. “Se trata de un permiso novedoso que también estará retribuido y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes”, detalla el departamento de Ione Belarra.
Por último, un tercer permiso parental de ocho semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años.
A esto hay que sumar que las parejas de hecho van a tener derecho a los 15 días de permiso por registro igual que los matrimonios, una medida contemplaba la Ley de Familias.
En materia de vivienda, además de tumbar la citada prórroga relativa a los alquileres, se extiende hasta final de año la suspensión de los desahucios “para reforzar el derecho a la vivienda y proteger a los hogares vulnerables”. De esta manera, se amplía hasta el 31 de diciembre “las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual”, explica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Desde el Gobierno se remarca que esta prórroga se une a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que, entre otras cosas, fija un incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre e introduce un mandato al INE para que defina antes de concluir dicho año un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda para “evitar incrementos desproporcionados en la renta”.
Asimismo, la limitación del 2% de la actualización anual de la renta aprobada a finales de 2022 continúa vigente hasta el 31 de diciembre de este año, recuerdan desde Moncloa.
Las reacciones no se han hecho esperar. Alejandra Jacinto, ex diputada y candidata de Podemos en Madrid el pasado 28M y portavoz de vivienda de Sumar para la campaña a las generales, ha afirmado que se trata de “una decisión que causará estragos en miles de personas que viven de alquiler”. “Indignante es poco”, ha dicho en sus redes sociales.
En su opinión, “era una medida que permitía que los inquilinos no sufrieran subidas abusivas y, por tanto, elegir entre asumir la subida o irse” y defiende que “no hay justificación para no prorrogar la medida salvo proteger al rentismo”.
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