Firma del acuerdo entre el Gobierno y el sector de la minería
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la titular de Empleo, Magdalena Valerio, firmaron ayer con representantes sindicales (CCOO, UGT y USO) y de la patronal Carbunión un acuerdo para el desarrollo sostenible de las comarcas mineras hasta 2027, que supone el principio del fin del carbón en nuestro país. El documento contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años, para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.
En concreto, esta cuantía, repartida entre 2019 y 2023, se destinará a incentivar la creación de empleo en dichas comarcas, históricamente asociadas al monocultivo del carbón y con escasa actividad empresarial alternativa, explica el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado. Se financiarán “proyectos empresariales y actuaciones de desarrollo alternativo como la mejora, restauración y revalorización de las zonas degradadas y los espacios afectados por las explotaciones mineras, incluyendo recuperaciones forestales; la dotación o renovación de líneas de telecomunicación o diversificación energética; o la creación de centros de desarrollo tecnológico”.
Por otro lado, el pacto actualiza las ayudas por los costes laborales vinculados al cierre de empresas mineras, permitiendo que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. “Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado”, afirma la cartera que dirige Ribera. Por su parte, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.
Además, estas ayudas se complementarán con “un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa”.
El acuerdo suscrito busca dar respuesta “a las consecuencias sociales” de la decisión de la UE que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año.
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