La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, el nuevo decreto “contempla el recurso de casación frente a tribunales de justicia para que en tiempo récord el Supremo, en sala tercera, dicte la última palabra” y “ofrezca seguridad jurídica” sobre estas restricciones, ha explicado Calvo. El plazo será de “cinco días” y se pretende así facilitar a las comunidades autónomas una vía para agilizar sus recursos en caso de que los Tribunales Superiores tumben sus medidas.
Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus. Sin embargo, este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, esa posibilidad de llegar hasta el Supremo.
A juicio de la vicepresidenta, el real decreto otorga el “soporte legal que necesitamos para mantener algunas medidas”, pero una vez finalizado el estado de alarma, “consideramos que tenemos que seguir transitando hacia otros escenarios”.
La nueva norma entrará en vigor “al minuto siguiente de las 00:00 horas del día 9”, cuando finaliza el estado de alarma. La vicepresidenta ha defendido que los gobiernos autonómicos disponen de “instrumentos” para “dar respuesta a situaciones que sean necesarias en cualquier momento puntual”, incluyendo la limitación de derechos fundamentales, siempre “con la autorización jurisdiccional correspondiente”.
Entre estas restricciones que se pueden aprobar se incluye el toque de queda, si bien el general aplicado a toda España decaerá el 9 de mayo. “Las comunidades autónomas pueden justificar y argumentar decisiones como el toque de queda”, ha explicado la vicepresidenta, pero “están sometidas a la autorización judicial”. En ese sentido, ha aclarado que “no prejuzga” si el alto tribunal dará luz verde o no a estas restricciones.
El decreto de este martes también incluye medidas para controlar los pasajeros internacionales, y aprueba la prórroga de algunas medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del covid.
También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. Y se mantiene hasta el 9 de agosto la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.
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