El Gobierno de Rajoy ocultó al Tribunal de Cuentas información sobre contratos públicos

El Tribunal de Cuentas ha detectado que los ministerios económicos del Gobierno de Mariano Rajoy no informaron de oficio del 59% de las incidencias producidas en los contratos públicos que estos departamentos habían entre 2014 y 2016.

Según recoge Europa Press, en su informe de fiscalización de las modificaciones de contratos del Área de la Administración Económica del Estado y sus organismos dependientes entre 2014 y 2016, el Tribunal censura a todos los departamentos de este área por cumplir “de manera deficiente su obligación de comunicar de oficio” estas incidencias. Además de no comunicarlo en al plazo establecido para ello, que es de tres meses, se omitieron gran parte de las mismas. En concreto, el 59% de las incidencias no se comunicó durante su ejecución.

Esta fiscalización abarca 316 expedientes de incidencias producidas durante la ejecución de 67 contratos seleccionados de un total de 907,2 millones de euros en los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Economía y Competitividad, Empleo y Seguridad Social, Fomento, Hacienda y Administraciones Públicas, Energía y Turismo, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de los organismos dependientes de los mismos.

A tenor de esta “deficiente información” remitida de oficio, el Tribunal de Cuentas expone en sus conclusiones, apunta la mencionada agencia, que pidió una relación certificada de todas las incidencias en estos contratos, pero en la respuesta se incluyeron casos anteriormente no comunicados y se omitió información de los que sí se habían comunicado. Estas “discordancias entre la información incluida en algunas relaciones certificadas y la información obrante en la documentación examinada”, en opinión de este órgano, “ponen de manifiesto una deficiente elaboración de las citadas relaciones y cuestiona su fiabilidad”.

Asimismo, el Tribunal critica que “el conjunto de las incidencias observadas en la ejecución pone de manifiesto la falta de una adecuada planificación y coordinación administrativa, la existencia de actuaciones cronológicamente incongruentes y, en general, una carencia del necesario rigor en la tramitación administrativa de las incidencias surgidas”. También avisa sobre la falta de justificación de “la mayoría” de modificaciones de los contratos.

Ante esto, propone que los órganos de contratación realicen “un seguimiento riguroso de la ejecución de los contratos” para asegurar que este se ajusta a lo incluido en los pliegos y plantea la necesidad de que se exijan “las correspondientes responsabilidades o imponerse las penalidades o sanciones establecidas en los pliegos y en la legislación vigente”.

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