En respuesta a una pregunta oral formulada por Geroa Bai en el pleno parlamentario de este jueves, ha señalado que ante la sentencia conocida este jueves «cabe, y lo vamos a estudiar, el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra».
Ha explicado Taberna que tras conocer la petición de la rebaja de penas por parte de dos de los que han sido condenados «por un delito muy grave», desde el Gobierno de Navarra «nos opusimos». Según ha añadido, «no hemos sido los únicos que nos hemos personado en contra de la reducción de estas penas», en referencia al Ministerio Fiscal, al Ayuntamiento de Pamplona y a la defensa de la víctima.
«Hoy hemos conocido que no se han atendido estas razones jurídicas, pero también cabe, y lo vamos a estudiar, el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra», ha apuntado, tras remarcar que «somos conscientes del marco jurídico y, al margen del ámbito político, actuamos dentro de una argumentación jurídica».
Dicha argumentación jurídica se basa, según ha explicado, en que la reducción de penas que puede posibilitar la ley del ‘solo sí es sí’ «no hay que aplicarla de forma automática, sino que hay que estudiar caso por caso», que «no se aplicó la pena máxima», y en «la gravedad social y la repercusión social que tiene esta cuestión». Estas, ha dicho, «son las razones jurídicas que, desde nuestra asesoría jurídica, mostramos y presentamos» en el escrito en el que el Ejecutivo se oponía a la petición de rebaja de penas.
Además, ha destacado que «durante estos últimos 10 años, el Gobierno de Navarra se ha personado en 11 acusaciones populares por diferentes temas». «El 80% de estas acusaciones populares han sido en torno de la violencia de género, de la violencia machista. Por lo tanto, este es un compromiso político, un compromiso ético, pero que también tiene un desarrollo jurídico», ha subrayado.
Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha afirmado que «nos alegra la postura» del Gobierno de Navarra en esta materia y que «compartimos el posicionamiento jurídico que se hace» desde el Ejecutivo foral. A su juicio, «rebajar las penas de los agresores sexuales no solo supone una injusticia para la víctima, que ya de por sí es grave, sino que también pone en entredicho los principales fundamentos del derecho penal y la interpretación de las leyes». «Al reducir las penas de los agresores, los tribunales están enviando un mensaje erróneo sobre la gravedad de la violencia sexual, lo que puede generar un precedente muy peligroso», ha comentado.
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