Medicamentos
De esta forma, fármacos destinados a tratar dolencias cardiacas, cánceres, diabetes o enfermedades autoinmunes estarán entre los afectados. Los nombres de los medicamentos son los siguientes: Eliquis, Jardiance, Xarelto, Januvia, Farxiga, Entresto, Enbrel, Imbruvica y Stelara, así como Fiasp y otros compuestos de insulina, como el NovoLog.
Acorde a los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, aquellas personas con cobertura de Medicare desembolsaron el año pasado 3.400 millones de dólares (3.129 millones de euros), aunque aquellos que no percibieron ayudas adicionales tuvieron que pagar de media hasta 6.500 dólares (5.982 euros).
«Durante demasiado tiempo, los americanos han pagado más por sus medicamentos con receta que en cualquier otra gran economía del mundo», ha dicho Biden en un comunicado.
«Mientras la industria farmacéutica obtiene beneficios récord, millones de americanos se ven obligados a elegir entre pagar la medicación que necesitan para vivir o pagar la comida, el alquiler u otras necesidades básicas. Esos días están acabando», ha añadido el mandatario.
A pesar de que los nuevos importes estarían vigentes a partir de 2026, las farmacéuticas ya han tratado de frenar la iniciativa en los juzgados. A mediados de julio, Johnson & Johnson (J&J) presentó una demanda en un tribunal federal de Nueva Jersey rechazando la capacidad del Ejecutivo para regular los precios.
La denuncia cuestiona la disposición contenida en la IRA que faculta a la Administración del presidente Biden para intervenir en la confección de los importes de los fármacos por atentar contra la primera y quinta enmiendas de la Constitución.
La primera enmienda regula asuntos como la libertad religiosa, de expresión o de petición, mientras que la quinta aborda cuestiones de proceso penal, pero también contempla la «justa compensación» si el Gobierno federal emplea medios privados para fines públicos, según explica la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell.
De esta forma, Johnson & Johnson se unió a Merck, Bristol Myers Squibb, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y PhRMA, uno de los principales ‘lobby’ farmacéuticos del país, que ya habían presentado recursos con anterioridad.
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