Madrid tiene un problema con los contratos de mantenimiento de electromedicina. O al menos así lo ha podido constatar EL BOLETÍN y las denuncias llevadas al Parlamento madrileño. La portavoz de Sanidad de Podemos, Mónica García, ha denunciado en la Asamblea de Madrid las irregularidades detectadas por la Intervención General en esta cuestión. De hecho, la diputada ha ido más allá y se ha preguntado si el Gobierno de Cristina Cifuentes tendría algún tipo de responsabilidad a la hora de “mantener en el cargo a las Gerencias que han permitido estas contrataciones”.
La Comisión de Sanidad ha dedicado esta semana uno de sus puntos de debate a la contratación que realizan los hospitales para el mantenimiento de la electromedicina. El director general de Gestión Económica-Financiera y de Infraestructuras del Servicio Madrileño de Salud, José Ramón Menéndez Aquino, ha sido el encargado de intentar dar respuestas a las preguntas lanzadas por la diputada de Podemos.
La electromedicina, un monopolio protagonista en los informes
En su exposición inicial, García ha recordado cómo la Comunidad de Madrid ha adjudicado en los últimos años “el 90% de estos contratos” al Grupo Empresarial Electromédico –compuesto por Iberman, Mantelec y Asime-. “Hasta en algunos concursos han competido entre ellas”, ha recalcado la parlamentaria. Momento en el que los informes de la Intervención General han salido a escena.
“Los interventores han detectado irregularidades con esta empresa: pagos indebidos en el Hospital Infanta Leonor, en el Hospital del Sureste…”, ha aseverado la portavoz de Podemos. Un órgano supervisor que hizo hincapié en los “pagos menores, las prórrogas y los incumplimientos de la Ley de Contratación” que han rodeado a la relación entre estos hospitales y el grupo empresarial.
La electromedicina y el Hospital Clínico San Carlos
No obstante, tal y como ha señalado la diputada de la formación morada, uno de los casos más señalados es el del Hospital Clínico San Carlos. “Es el caso ‘princess’”, ha apuntado, en referencia al más del centenar de prórrogas firmadas entre Asime y el centro hospitalario, tal y como ha publicado EL BOLETÍN. “El contrato de 2007 sigue prorrogado”, ha resumido la portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad tras rememorar que el antiguo contrato debía haber finalizado en 2010.
¿Tendrían la responsabilidad de mantener en el cargo a las Gerencias que han permitido estas contrataciones que supuestamente podrían estar siendo irregularidades o que están atentando contra la Ley de Contratos Públicos?
Según ha publicado este medio, otra de las peculiaridades de este caso en el Hospital Clínico San Carlos tiene que ver con la elusión de controles viendo la cifra de las prórrogas: ya sea de la propia Comunidad de Madrid o del Tribunal de Cuentas. Algo que no ha pasado desapercibido para García: “Primero se firmaban prórrogas de 900.000 euros cada cuatro meses para eludir, supongo, la Intervención General y luego de 100.000 euros cada quince días, supongo, que para eludir al Tribunal de Cuentas”.
La Comunidad de Madrid echa balones fuera
No obstante, esta serie de irregularidades no han sido objeto de valoración por parte del director general de Gestión Económica-Financiera y de Infraestructuras del Servicio Madrileño de Salud. El directivo de la Comunidad de Madrid ha despreciado el conflicto en el Hospital Clínico San Carlos asegurando que se trata de un tema “del Pleistoceno, de la Edad de Bronce”. “Yo ni estaba en la Administración”, ha concluido. Pese a ello, el que sí estaba en 2007 –cuando se iniciaron los trámites del contrato- y sigue estando (y firmando prórrogas) es el gerente del propio centro.
De esta manera, el Gobierno regional ha preferido desentenderse de esta cuestión que envuelve a los contratos de mantenimiento de electromedicina de los hospitales madrileños asegurando que en toda Mesa de Contratación están presentes los controles de los funcionarios. Aun así, ante esta serie de ilegalidades, la diputada de Podemos ha trasladado al dirigente del Gobierno de Cifuentes dos preguntas muy concretas sobre la posible “responsabilidad” que ha eludido directamente Menéndez Aquino.
Toda la responsabilidad es de los interventores, según el Gobierno
La primera ha virado sobre la “responsabilidad” que tendría la Comunidad de Madrid si se “detectan irregularidades o ilegalidades”. Es decir, si el Ejecutivo de Cifuentes tiene que dar el paso y llevar los casos a la Fiscalía o al Tribunal de Cuentas. La respuesta por parte del directivo ha sido contundente: “La Intervención General es quien debe denunciarlo”. Una opinión que, en declaraciones a este digital, no es compartida por Mónica García: “Los interventores solo dan fe, ellos no pueden elevar cuestiones”. Incluso, uno de los puntos más reprochados por la parlamentaria -cuando en otras ocasiones se han tratado los informes de los interventores- tiene que ver con que, pese a las advertencias de los controladores, las irregularidades no se han remediado y se han seguido repitiendo.
En la segunda de las preguntas lanzadas por la parlamentaria se ha reclamado al Gobierno autonómico si “tendrían la responsabilidad de mantener en el cargo a las Gerencias que han permitido estas contrataciones que supuestamente podrían estar siendo irregulares o que estarían atentado contra la Ley de Contratación Pública”. El dirigente ha eludido cualquier tipo de respuestas. Sin embargo, ya a la hora de hablar de las ilegalidades en la contratación pública en la sanidad madrileña de manera más general, Menéndez Aquino ha insistido en que toda labor de control es de la Intervención General. Así, el dirigente del Ejecutivo ha incidido en que no es responsabilidad del equipo de Cifuentes de presentar una denuncia ante un órgano competente.
“De los aspectos que usted ha hablado [en referencia a la denuncia de Mónica García sobre el abuso de la contratación menor, del fraccionamiento de contratos, de los incumplimientos legales, de las prórrogas eternas o del pago en especie, entre otras irregularidades apreciadas en los informes de la Intervención] preferiría hablar de que son áreas de mejora que tienen los hospitales. Si detectan irregularidades, como ha ocurrido en antaño, pues lo llevan a la Fiscalía”, ha zanjado.
“¿Me puede asegurar que en nuestros hospitales se cumple escrupulosamente la contratación pública y que si ustedes lo detectan pues no tendrían la responsabilidad de denunciarlo?”, ha preguntado la parlamentaria de Podemos. “No tengo la responsabilidad de asegurar nada”, ha concluido el director general de Gestión Económica-Financiera y de Infraestructuras del Servicio Madrileño de Salud.
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