Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Cristina Cifuentes podría acabar en los tribunales por la externalización de las pruebas de 3º y 6º de Primaria, y 4º de la ESO, ya que CCOO está estudiando emprender medidas legales contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza un gasto de 645.955,20 euros para que empresas privadas realicen esas pruebas que marca la LOMCE.
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, informó en declaraciones a ElBoletin.com que están estudiando las vías para impugnar en los tribunales dicho acuerdo del Consejo de Gobierno, que hizo público el martes la Consejería de Educación, y explicó que uno de los motivos por lo que lo van a hacer es por su “opacidad” ya que dicha partida no aparece, identificada como tal, en los Presupuestos de 2016 y los de 2017 no están aprobados. Precisando desde el sindicato que tampoco “cabe prórroga pues se ha incorporado la evaluación de 4º de ESO, que no estaba en 2016.
Otro argumento que desde CCOO están estudiando para su denuncia es el hecho de que este año se duplique el dinero que la Comunidad de Madrid va a destinar a externalizar estas pruebas, ya que en 2016 pagó 330.000 euros a una empresa por realizar y supervisar los exámenes, y hacen notar que esta mayor cuantía no se debe sólo a que las pruebas se hayan extendido también a Secundaria “sino a que se han aumentado las actividades derivadas de la realizaciones de estas pruebas que se externalizan”.
Galvín califica este gasto de “despilfarro” y se queja de que “cuando los sindicatos y familias piden a Educación más profesores, más ayudas a las familias o una reducción de las tasas se nos contesta con una sola respuesta: no hay dinero, pero si lo hay para dárselo a ganar a la empresa privada”. Y para dar una idea de lo que se podría hacer con este dinero la representante de CCOO indica que con este cantidad “se podría contratar a más de 30 maestros especialistas, que es uno de los perfiles que hacen más falta en los centros públicos”.
La representante sindical recuerda que CCOO se opone a las pruebas de Primaria y ESO que fija la LOMCE, pero señala que dado que la ley está en vigor y han de hacerse se deberían realizar no por empresas privadas sino con los propios medios del sistema educativo, ya que las pruebas podrían hacerlas los propios profesores, supervisados por los inspectores de Educación, a los que “se menosprecia contratando a empresas privadas y gastando un dinero que se podría utilizar para revertir los recortes”.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid aún va más allá y asegura que también podrían efectuar las pruebas “los numerosos cargos de libre designación, es decir asesores, que tienen los altos cargos de la Consejería de Educación”.
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