ayuso
El debate sobre la inmigración y la seguridad ha vuelto al centro del discurso político. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso apoya endurecer las leyes para permitir la expulsión de inmigrantes con residencia legal que cometan delitos graves, en línea con el giro anunciado por Feijóo si llega a La Moncloa. Mientras tanto, el traslado de menores inmigrantes desde las regiones fronterizas vuelve a tensar las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades del PP.
El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha respaldado públicamente la expulsión de inmigrantes en situación regular que cometan delitos graves, como asesinatos, violaciones o pertenencia a organizaciones criminales.
Según Novillo, esta medida responde al “sentido común”, y defiende que no se puede permitir que personas que atenten gravemente contra la sociedad permanezcan en el país: “No podemos albergar en nuestro país a personas así”, afirmó durante una entrevista en Servimedia.
Esta postura se enmarca en las declaraciones realizadas días antes por Alberto Núñez Feijóo, quien defendió modificar el marco legal para que ciertos delitos graves conlleven la expulsión de inmigrantes legales, además de mantener la expulsión “inmediata” para aquellos que estén en situación irregular.
El Gobierno madrileño respalda la línea de Feijóo y defiende cambiar la ley para ampliar los supuestos de expulsión a inmigrantes legales si cometen delitos graves
Novillo también se pronunció sobre el plan del Gobierno central para comenzar el traslado de menores inmigrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península a partir del 28 de agosto.
El Ejecutivo, a través de la ministra Sira Rego, anunció que la reubicación afectará a unos 3.000 menores y contará con financiación estatal para las comunidades receptoras. El objetivo es aliviar la presión sobre los centros de acogida saturados de las regiones de entrada.
Sin embargo, desde el Gobierno de Ayuso denuncian que el sistema de acogida madrileño está “colapsado” y acusan al Ejecutivo de usar este asunto con fines políticos. En palabras de Novillo, “se está forzando el sistema de acogida para tensionar a la población y obtener rédito político”.
La Comunidad de Madrid asegura que su sistema de acogida no puede asumir nuevos traslados y critica la falta de diálogo por parte del Gobierno central
Carlos Novillo fue más allá y acusó al Ejecutivo de Sánchez de aplicar una estrategia de fronteras abiertas que, en su opinión, está diseñada para alimentar el discurso de la ultraderecha y así polarizar a la ciudadanía.
Según el consejero, el presidente del Gobierno estaría formando una “pinza” junto a Vox para impedir que el PP acceda al poder: “Nos están dejando atrapados en un sándwich entre los extremos de Sánchez y Abascal”, denunció.
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