“Estos informes hay que leerlos con muchísima atención, porque el Gobierno regional está para resolver problemas a la gente más necesitada”, ha dicho Ossorio preguntado al respecto en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad. En su opinión, “lo que sucede es que a veces los lees y luego sales por la calle y dices ‘oye pues esto que dice el informe, así como que no lo veo’”.
El portavoz y consejero ha dejado claro que le “encanta que existan para tomar nota y estar pendientes de población más desfavorecida, pero tienen que ser más objetivos”. La gente “sale a la calle y le dicen ‘en Madrid hay tres millones de pobres’, pues ¿por dónde estarán?”, ha asegurado mientras miraba a sus lados haciendo que buscaba a estas personas.
Ossorio, que ha reconocido no haberse leído el informe, ha insistido en sus críticas al mismo, ya que puede provocar que “el ciudadano que salga de la calle y diga ‘pero ¿qué dice este informe, está hablando de Madrid o de otro sitio?’”.
El ‘Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid’ de la Fundación FOESSA presentado por Cáritas advierte de que la cohesión social en la región ha sufrido un “shock” sin precedentes debido a “la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo” a causa de la irrupción del Covid.
Según recoge, en la Comunidad de Madrid un millón y medio de personas se encuentran en situación de exclusión social. Se trata de cinco puntos más que antes de la pandemia (del 17% en 2018 al 22%). Es decir, 370.000 personas más. Tal y como remarca, “es especialmente grave el aumento de las personas en situaciones más difíciles”, con un incremento del 25% de las situaciones de exclusión severa, que alcanza ya a 800.000 personas.
Asimismo, este informe también indica una subida de la desigualdad entre los más pobres, que han visto reducidas sus rentas un 22%, lo que contrasta con el crecimiento del 18 % de las rentas de las personas con mayores ingresos
El colectivo más numeroso dentro del espacio de la exclusión social es el de los hogares en área urbana encabezados por personas de nacionalidad española. Sin embargo, apunta Cáritas, “si nos fijamos en el porcentaje de personas de un colectivo concreto afectadas por la exclusión social, vemos que hay hogares con mayor probabilidad de sufrir la exclusión social”. En concreto, los sustentados por mujeres, en los que “la incidencia de la exclusión es del 23% frente al 21% en el caso de los hombres”.
También aquellos con dos o más miembros menores de edad. “En los hogares con dos o más menores, la tasa de exclusión triplica la de los hogares sin menores, alcanzando a 4 de cada 10 familias numerosas”, avisa.
A estos hay que sumar los hogares en que la sustentadora principal es de nacionalidad extranjera. “La prevalencia de la exclusión social es del 51%, frente al 17% de los encabezados por personas de nacionalidad española”, asegura el texto. Por último, están los hogares monoparentales a cargo de mujeres. En ellos “la incidencia de la exclusión social es del 33%, siendo especialmente intensa en mujeres menores de 45 años”.
Por el contrario, los hogares con menores probabilidades de exclusión social son aquellos “sin miembros menores de 18 años, en los que la persona sustentadora principal tiene estudios superiores y los encabezados por personas de 65 o más años”.
El informe de Cáritas pone también el acento en que la pandemia ha provocado un “importante” impacto sobre el mercado de trabajo. “Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo lo que genera más trabajadores pobres”, explica. De esta manera, la inestabilidad laboral grave se ha duplicado y alcanza ya a 169.000 familias. “El paro de larga duración ha tenido una evolución especialmente negativa, pasando en Madrid del 30% en 2018 al 39% de 2021 (sobre el total de las personas desempleadas)”, destaca este documento.
Respecto a la vivienda, el precio se ha incrementado un 44% desde 2015, “muy por encima de la media de España”, según el Índice de Precios de la Vivienda que elabora el INE. En este sentido, Cáritas expone que el 16% de los hogares en la Comunidad “quedan por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda, lo que sitúa a más de 400.000 familias con una reducida capacidad económica para terminar el mes”.
Además, “se ha triplicado la proporción de personas que residen en una vivienda insegura (con amenaza de desahucio, tenencia en precario, malos tratos), pasando del 3% al 11%”, concluye.
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