“El próximo sábado 25 de junio”, ha anunciado la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, “vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo real decreto de medidas por los efectos de la guerra en Ucrania”. Asimismo, ha adelantado que con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid el consejo ordinario que tiene lugar los martes se adelantará un día, al lunes.
A la espera de que se conozcan las medidas que el Ejecutivo de coalición aprobará el sábado ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistía en la necesidad de “proteger a las familias” ante la subida de los precios por la inflación. Así, ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas, que contempla elevar 10 puntos el impuesto de Sociedades a las grandes eléctricas, así como un cheque de 300 euros para “las personas más golpeadas por la crisis”.
“La inflación está golpeando a las familias. Se nota al hacer la compra o a la hora de cuadrar las cuentas a final de mes. El Gobierno actuó con rapidez y determinación, pero ahora no es suficiente”. Para la vicepresidenta es el momento de “reforzar la protección frente a una crisis internacional”.
Tras recordar que el próximo 30 de junio decae el real decreto de medidas del Ejecutivo para paliar la crisis, Yolanda Díaz ha defendido la necesidad de “renovarlo para los próximos tres meses ante la situación de incertidumbre económica global”. Eso sí, con nuevas propuestas.
Según ha detallado en una serie de mensajes en Twitter, la vicepresidenta y ministra aboga por un cheque de 300 euros “para las personas más golpeadas por la crisis como se ha puesto en marcha en Francia”. Asimismo, y “para avanzar en la transición ecológica y una movilidad sostenible”, apuesta por reducir el precio del transporte público. En este sentido, plantea un recorte del 50% el abono transporte.
También propone establecer un mecanismo que permita “graduar” la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional “según el nivel de renta de las personas beneficiadas”. “Toda esta inversión social y ecológica no puede pagarla la ciudadanía en este momento tan complicado”, afirma.
Respecto a las grandes empresas energéticas, sostiene que “deben hacer una contribución extra”. En este sentido, pone sobre la mesa un incremento de 10 puntos el Impuesto de Sociedades para recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
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