Luis de Guindos, ministro de Economía
Las medidas para la protección de los deudores hipotecarios han beneficiado a casi 87.000 familias desde su puesta en marcha en 2012, según ha anunciado hoy el Ministerio de Economía.
En concreto, el Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que un total de 50.272 beneficiarios (hasta julio de 2017) hayan realizado una reestructuración de su deuda hipotecaria. De ellos, se han llevado a cabo 42.575 reestructuraciones viables, 7.324 daciones en pago y 8 quitas.
Por su parte, el Fondo Social de Vivienda (FSV) ha permitido la realización de 9.020 contratos de alquiler (diciembre de 2016) y la moratoria hipotecaria ha propiciado la suspensión de 27.400 desahucios (hasta septiembre de 2017).
El CBP, junto con el FSV y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la X Legislatura con el objetivo de hacer frente al problema de los desahucios, explica el Ministerio de Economía.
El CBP se aprobó en marzo de 2012 con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos. Aunque es de adhesión voluntario, es obligatorio para los bancos que lo suscriben.
Por otro lado, la suspensión de los lanzamientos hipotecarios supone la paralización de los desahucios de aquellas familias que se encontraban en una situación de “especial vulnerabilidad”. Esta medida está prorrogada hasta 2020. El FSV, por su parte, permite atender a aquellos casos en los que no se ha podido evitar el desahucio, facilitando un alquiler de precio reducido.
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