El Gobierno avisa a las CCAA de que Fiscalía haría cumplir la ley con los menores migrantes

“No nos cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley, estamos seguros de que lo van a hacer, pero si una comunidad no responde, eso se traslada a la Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha indicado el ministro en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, aunque ha eludido concretar si la actuación de la Fiscalía implicaría que los menores fueran trasladados a la península a la fuerza por la policía.

“Eso es una hipótesis (el incumplimiento de la ley por parte de las CCAA) que yo creo que no se va a cumplir, sería un condicional que no nos cabe en la cabeza, pero indudablemente si una comunidad en su competencia no la asume automáticamente la Fiscalía hace que se tenga que cumplir la ley”, ha argumentado Torres. “No creo que esto vaya a pasar, pero si pasase el mecanismo está reglado”, ha añadido el titular de Política Territorial.

Para Torres la oposición de las comunidades del PP al traslado de menores migrantes “es un error histórico”, ha defendido el decreto como “justo” y considera paradójico que Baleares se oponga al decreto cuando está registrando un incremento de llegada de pateras y podría beneficiarse de solicitar en un futuro la contingencia migratoria. “Es un sinsentido”, ha argumentado Torres.

Mensaje a Baleares y Andalucía

“Baleares puede llegar a contingencia migratoria y a partir de ahí tendrían que salir de las islas los menores porque, lógicamente, está por encima de los límites que marca la ley”, ha explicado Torres. Por ello, considera que la medida “también responde a las demandas de esos territorios que están en la frontera y la presidenta de Baleares debería saberlo”, ha defendido Torres.

Respecto a la petición de Andalucía de que se le aplique el criterio de territorio frontera, el titular de Política Territorial ha asegurado no entender la petición. “No sé lo que quiere decir porque lo que hemos aprobado es una ley con la que, de acuerdo al número de menores no acompañados a diciembre de 2024 y la población de cada comunidad, se hace una división objetiva y Andalucía está muy por debajo en cuanto a número de menores (acogidos) porque las rutas han modificado su periplo y eso es lo que le corresponde”, ha indicado, según la citada agencia.

Ha precisado, no obstante, que si Andalucía “estuviese en una situación como en el año 2018, sería de las (comunidades) de las que tendrían que salir menores por su saturación”.

Asimismo, ha rechazado de nuevo que se haya beneficiado con el decreto a comunidades como Cataluña y País Vasco.

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