La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género detectó y atendió a 13.317 mujeres con signos de trata o explotación sexual durante el año 2018. De ellas, 4.302 mujeres presentaban claros indicios de trata con fines de explotación sexual y las 9.028 restantes eran víctimas de explotación sexual. Así se refleja en el IV Informe de seguimiento del Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que este viernes se ha abordado en el Consejo de Ministros. Durante la rueda de prensa posterior a esta reunión, la portavoz el Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha tachado de «graves» estos datos correspondientes al año pasado.
Las más de 13.300 mujeres víctimas de trata detectadas fueron atendidas por las entidades de la Delegación del Gobierno encargadas de proporcionar asistencia a mujeres en situación de prostitución.
Por su parte, las estadísticas oficiales del CICO (Centro de Inteligencia para el Crimen Organizado) muestran que en 2018 se llevaron a cabo 2.036 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, detectando un total de 9.315 personas en situación de riesgo.
Asimismo, se instruyeron 135 atestados; 61 relacionados con la trata con fines de explotación sexual y 74 solo por explotación sexual (sin trata). Se han desarticulado diez organizaciones criminales y 36 grupos criminales (las organizaciones son más complejas en estructura y medios que los grupos criminales).
De acuerdo a datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, en 2018 se investigaron 91 casos de trata con fines de explotación sexual (identificándose a 331 víctimas y entre ellas 11 menores) así como a otras 83 mujeres en situación de grave riesgo por explotación de prostitución. Asimismo, se identificaron 35 organizaciones o grupos criminales.
En sus conclusiones, el informe presentado este viernes señala que existe una mayor conciencia de trabajo en común, especialmente positiva respecto al proceso de intervención con las víctimas de trata. También ve «positiva» la colaboración con la sociedad civil, entre otras cuestiones por la participación en procesos de decisión y por su trabajo especializado en favor de la protección de la víctima.
El informe también plantea la necesidad de aumentar el conocimiento por parte de la sociedad española sobre el problema de la trata y su vinculación con la prostitución. Además, destaca el incremento de los fondos orientados a la detección y asistencia a las víctimas de trata porque «constituye un gran paso en el mantenimiento de una red estable de recursos y especialización ante situaciones de vulnerabilidad».
El Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual abarca el período 2015-2018. Este año se han aprobado los informes II (relativo a 2016) y III (relativo a 2017). El IV informe, que ahora se presenta, contiene los datos relativos a 2018 y cierra la vigencia del Plan Integral.
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