El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (Foto: Congreso)
Según detalla el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, “esa oferta incluye tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre (27.360) como de promoción interna (12.786) y supone un cuarto récord consecutivo en la serie, además de triplicar la media de plazas del periodo 2012-2017”.
La OEP de este año en la AGE alcanza las 31.465 plazas, de las que 20.840 son de acceso libre, “lo que acelera la recuperación de empleo público iniciada en 2018 y revierte el proceso paulatino de envejecimiento de las plantillas”.
Además, incide el departamento de José Luis Escrivá, “impulsa la atracción de talento a la Administración y, en una apuesta por la carrera y el talento interno de la organización, esta oferta contempla un total de 10.625 plazas de promoción interna”.
“Otro de los rasgos destacados de esta oferta es que logra la plena inclusión de las personas con discapacidad, refuerza el empleo en la Administración local, descentraliza y territorializa los procesos y prioriza la atención a la ciudadanía”, destaca.
En este sentido, se trata también de la primera OEP que reserva un cupo del 10% a personas con discapacidad (3.147 plazas, 629 para personas con discapacidad intelectual); impulsa a los habilitados nacionales con 501 plazas de nuevo ingreso y crea 8.440 plazas de turno libre (C1 y C2) para mejorar la atención a los ciudadanos. También incluye una oferta histórica en la Administración de Justicia, con 2.520 plazas de turno libre.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha mostrado su rechazo a la Oferta de Empleo Público porque “mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto y no garantiza la ejecución de los plazos”.
“Esta oferta de empleo público”, afirma, “supone un freno a la renovación de las plantillas, ya que reduce en un 6,10% la creación de empleo neto en la Administración del Estado”. Además, continúa el sindicato, “hay que tener en cuenta que en los próximos 8 años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla”. Por este motivo, defiende que se requiere un “plan de choque” a varios años “para evitar su colapso”.
La organización sindical también denuncia el retraso en los procesos de oferta de empleo público desde 2019, con cerca de 50.000 plazas sin cubrir.
Asimismo, CSIF señala que un ejemplo de la situación “delicada” en la Administración del Estado es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El sindicato ha trasladado una queja a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la “precaria situación” de las plantillas en este organismo.
“El SEPE va a tener que afrontar la transición del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital” y “los potenciales beneficiarios deberán pedir cita previa presencial en las oficinas del SEPE, lo que se suma a la situación actual de desborde de trabajo por la carencia de efectivos”.
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