Camión ante una gasolinera
El acuerdo se ha alcanzado tras una reunión celebrada este lunes en la que también han participado representantes de los ministerios de Hacienda y Economía, en un contexto marcado por la volatilidad energética.
En este escenario, el Ejecutivo busca reforzar los mecanismos automáticos de revisión de precios y garantizar mayor transparencia en la facturación del transporte por carretera.
El Gobierno eleva el peso del combustible al 40% en el cálculo del precio del transporte para reflejar mejor el impacto del gasóleo
El núcleo del acuerdo pasa por modificar la fórmula de revisión del precio del transporte, que quedará vinculada al precio del combustible antes de impuestos, eliminando la necesidad de ajustes adicionales en futuras crisis.
Esta revisión implica que el peso del carburante en la estructura de costes del transporte aumentará del 30% al 40%, lo que permitirá una mayor adaptación de las tarifas a la evolución del mercado energético.
| Concepto | Situación anterior | Nueva situación |
|---|---|---|
| Peso del combustible en costes | 30% | 40% |
| Referencia de precio | Con impuestos | Sin impuestos |
| Revisión futura | Necesaria | Automática |
La nueva fórmula elimina revisiones adicionales y vincula el cálculo directamente al precio del combustible sin impuestos
El decreto también establecerá la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante, tal y como recogía el Real Decreto-ley 3/2022.
Con esta medida, se elimina la posibilidad de que las empresas reflejen este ajuste mediante fórmulas alternativas en los contratos, reforzando así la transparencia en las operaciones.
Además, se consolidan criterios ya aplicados de forma inmediata tras la última reunión del sector, como la utilización de precios medios del gasóleo sin impuestos como referencia obligatoria.
El decreto obligará a detallar en factura el impacto del carburante y elimina fórmulas alternativas en contratos
Otra de las claves del acuerdo es que, a la hora de revisar el precio del transporte, no se podrán tener en cuenta las bonificaciones o ayudas públicas extraordinarias, lo que busca reflejar el coste real del combustible.
Asimismo, el Ministerio se compromete a estudiar la implantación de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de estas medidas, en línea con las demandas del sector.
El acuerdo incluye también el compromiso de mantener una mesa de negociación permanente para abordar cuestiones pendientes que dependen de la aprobación de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea, en un contexto de elevada incertidumbre energética.
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