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Según ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el objetivo de esta medida “inédita” y “excepcional”. En este sentido, busca corregir el “sobreendeudamiento” al que se vieron abocadas las comunidades durante la crisis financiera por la “falta de recursos” por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Frente a esto, la titular de esta cartera ha presumido del apoyo financiero brindado por el Gobierno progresista. Así, ha destacado que las comunidades han recibido 300.000 millones de euros más de recursos en siete años de gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años de Gobierno de los populares.
Montero ha recordado que esta norma beneficia a todas las regiones tengan o no deuda con el FLA y ha explicado la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada autonomía.
La metodología, apuntan desde el Ministerio de Hacienda, responde a criterios “objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales” para todas las comunidades. En concreto, consta de tres fases. En primer lugar, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera (entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013) con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania (desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023).
En el primer periodo, expone en una nota, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, un importe que refleja el “sobreendeumiento” que registraron las comunidades por la “ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central en la crisis financiera”.
“Una vez identificado el sobreendeudamiento”, continúa, “se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto”. En concreto, el grueso del cálculo de la distribución se realiza a través del criterio de población ajustada, de manera que el 75% del importe de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023.
La siguiente fase, la segunda, busca que ninguna comunidad quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.
Por último, se realizan dos ajustes adicionales para “garantizar mayor equidad”. “En el primero, se identifica a la comunidad que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros”. A continuación, explica, “se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades que han tenido durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media”. Con este mecanismo se asignan otros 10.590 millones de condonación.
De esta forma, se pretende compensar a las comunidades en dos ratios susceptibles de generar comparaciones como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.
En segundo lugar, dentro de esta fase 3, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media. Esto supone 917 millones más en la condonación. “Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal”, asegura Hacienda.
De esta manera se alcanza la cifra final de 83.252 millones de condonación. Asimismo, el importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada comunidad será el 50% de su pasivo a 31 de diciembre de 2023.
El Anteproyecto de Ley también recoge el procedimiento para que el Estado asuma esa deuda autonómica. Dicho proceso, que es de carácter voluntario, dependerá de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA.
En el caso de las comunidades con deuda del FLA la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada región, “empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019”. A partir de ahí, “si es preciso para llegar a la cifra total a condonar”, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste. Es decir, 2023, 2022, etc.
En el caso de las CCAA sin deuda con el FLA que quieran adherirse a este mecanismo se les pedirá que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la información que requiera sobre su cartera de deuda con terceros.
Una vez seleccionadas las operaciones de crédito objeto de asunción por parte del Estado, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), se procederá por parte del Estado a la subrogación en la posición deudora de las Comunidades Autónomas, previo consentimiento de los acreedores.
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