El Gobierno aprueba el Perte de Automoción, que generará unos 140.000 empleos

Tal como ha señalado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, esta inversión pública tendrá un «efecto multiplicador» en el sector privado, que se calcula en torno a unos 19.700 millones de euros para 2023.

Este Perte se concibe como una iniciativa integral sobre la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y conectado con el objetivo de crear un ecosistema necesario para que se pueda, en parte, desarrollar y fabricar de manera integral en España.

«Este proyecto es una oportunidad histórica de convertir la fabricación del vehículo eléctrico y conectado en un proyecto tractor que impulse el ecosistema de automoción en todo el país. Para el Gobierno de España, el sector de automoción es prioritario y va a ser protagonista del plan de recuperación», ha subrayado Maroto.

El Perte de Automoción estará compuesto de dos ámbitos. El primero de ellos va dirigido a impulsar proyectos transformadores de la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, con medidas dirigidas a actuar en apartados como la investigación, el desarrollo, la fabricación de equipos originales, el ensamblaje o las baterías. Se invertirán unos 3.000 millones de euros en la cadena de valor industrial del coche eléctrico.

Por su parte, el segundo apartado se centrará en medidas «facilitadoras» que ayuden a la creación de una nueva movilidad, con acciones de carácter normativo o el despliegue de puntos de recarga, economía circular o digitalización.

Esta inversión total de 24.000 millones de euros permitirá, según previsiones de Moncloa, crear unos 140.000 empleos, y contribuirá entre un 1% y un 1,7% al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Para 2023, el Gobierno prevé alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y que haya en España entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga para esta clase de modelos ‘cero emisiones’.

ESTRUCTURA DEL PERTE

La estructura del Perte cuenta con bloques obligatorios como la fabricación de equipos originales y ensamblaje, la fabricación de baterías y equipos de hidrógeno, y la fabricación de otros componentes del vehículo eléctrico en España.

Además, habrá otras actuaciones específicas que incluyan conectividad, microprocesadores, componentes del vehículo eléctrico inteligente, y fabricación de sistemas de recarga.

«Necesitamos garantizar que la cadena industrial de la nueva movilidad se desarrolla en España», ha reivindicado Maroto, que ha explicado que las empresas para acogerse al Perte tienen que presentar proyectos en los cuales al menos estén presentes cinco compañías.

Asimismo, las actuaciones deben afectar al menos a dos comunidades autónomas y el 40% de las empresas incluidas deben de ser pymes, con al menos una entidad proveedora de conocimiento (I+D+i) y las compañías deben acreditar inversión propia y compromiso con el empleo.

Los proyectos que se presenten para acceder a las ayudas, que provendrán de los fondos europeos ‘Next Generation’, deberán incluir un plan de economía circular y actuaciones concretas basadas en tecnologías de digitalización que posibiliten la efectiva cooperación entre los agentes participantes. También se añadirá un plan de formación y reciclaje profesional con objetivos a largo plazo y compromiso de creación de empleo.

Está prevista la creación de una Alianza para el Vehículo Eléctrico y Conectado para contar con la participación de todos los actores relevantes y garantizar un dialogo permanente y donde estarán representados los ministerios implicados y la mesa de automoción donde están presentes las asociaciones representativas del sector de la automoción, los sindicatos y las comunidades autónomas.

Maroto ha puesto el foco no solo en la importancia de producir vehículos eléctricos en España, sino en la necesidad de que este Perte «democratice» la movilidad sostenible en España y que la sociedad tenga acceso a la misma.

En cuanto a tiempos, la ministra ha indicado que en el mes de octubre se abrirá la convocatoria de la cadena de valor industrial, que incluye unos 3.000 millones de euros, por lo que en febrero se aprobarán los primeros proyectos para que se puedan ejecutar y comiencen a repartirse los fondos.

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