El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa «dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado» como el ‘pin parental‘, según ha anunciado la ministra Isabel Celaá. Para Celaá, el ‘pin parental’, una medida defendida por Vox y organizaciones como Hazte Oír para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual, «vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado».
También, según la ministra, «la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares», así como tratados europeos suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
«No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos», ha advertido Celaá en una declaración remitida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Celaá reacciona así a la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de aceptar el ‘pin parental’, una exigencia de Vox al Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los presupuestos autonómicos. Una situación que ya se produjo en Andalucía el año pasado.
«Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares», ha denunciado Celaá.
Para la ministra, «el ‘pin parental’ o la pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta», algo que «no es aplicable al terreno de la educación» según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, ha señalado Celaá.
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