La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al Partido Popular y a Vox de poner «ataduras al pensamiento» al defender la implantación, como ha sucedido en Murcia, del ‘pin parental‘, una medida que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos denomina «veto parental» y califica de «censura». «En pleno siglo XXI hay partidos que ni defienden la escuela pública, ni respetan las convenciones internacionales ni el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país», ha dicho Montero este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Para la portavoz del Gobierno, la defensa de PP y Vox de esta medida que permite a las familias decidir la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros educativos revela que «hay partidos que no quieren que hombres y mujeres libres nos eduquemos en valores de libertad y de igualdad».
«En el colmo del retorcimiento de este lenguaje, dicen defender la libertad a través de mecanismos de censura», ha añadido Montero, que reprocha a «la derecha» que denomine «libertad a no saber y no conocer». «Nuestro proyecto impulsa el saber y el conocimiento para elegir en libertad, y no hay mejor palabra que esa para definir la democracia», ha remachado.
El pasado viernes, también en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno anunciaba el envío de un requerimiento a la Consejería de Educación de la Región de Murcia para que retirase el ‘pin parental’, una medida que Vox ha exigido al gobierno murciano y al andaluz a cambio de su apoyo a los presupuestos autonómicos.
Según detalló la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, el requerimiento reclama al Gobierno de Murcia «que restablezca la legalidad y excluya el ‘pin parental’ de las instrucciones de inicio de curso» enviadas a los centros educativos de la región. Ayer lunes, Celaá especificó que el Ejecutivo de Murcia, gobernado por PP y Ciudadanos, tiene un mes para responder.
En el caso de que el Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras no atienda al requerimiento, el Ministerio de Educación y Formación Profesional iniciará «el procedimiento para llevar a los tribunales» el ‘pin parental’, que el Gobierno considera «ilegal» por «socavar el derecho a la educación» de los menores.
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