Cristobal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría
El Gobierno que dirige Mariano Rajoy ha decidido prorrogar las cuentas de 2017 a este nuevo año pero con un fuerte límite al gasto público hasta que haya nuevos Presupuestos Generales: los departamentos no podrán gastar o comprometer más del 50% de las partidas ejecutadas en 2017. Las únicas excepciones son las pensiones y las prestaciones por desempleo.
Dos días antes de acabar el año el Consejo de Ministros aprobó estos criterios a propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero el acuerdo no se mencionó por ninguna vía ni se informó de ello. Medios como eldiario.es y Cadena Ser han tenido acceso al documento que recoge los “criterios de aplicación de la prórroga para 2018”, con “medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público”.
La medida supone un considerable aumento del control de Montoro sobre el gasto público respecto al año pasado: los presupuestos de 2016 también se prorrogaron, pero con un límite de gasto del 30% sobre las partidas previas. El límite presupuestario que impone Hacienda es por tanto casi un 70% mayor que hace un año.
“Desde el 1 de enero de 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto ni aprobar ni comprometer nuevos gastos de expedientes ya iniciados, cuando la suma del importe del gasto haya alcanzado el 50% del crédito inicial del presupuesto prorrogado”, se lee en la orden ministerial publicada por eldiario.es.
El mismo documento establece que en caso de gastos urgentes y extrema necesidad, cada departamento deberá pedir permiso al departamento de Hacienda, que será responsable de autorizarlo.
Tales criterios significan que ministerios y organismos dependientes de la Administración General del Estado no puedan contar con el 100% de las partidas que ejecutaron en 2017, lo que puede influir en adjudicaciones y licitaciones con más retrasos que en otros años en los que también se prorrogaron presupuestos.
La versión de Hacienda es que se trata de una medida dirigida a cumplir con la estabilidad presupuestaria firmada con Bruselas y que desaparecerá en cuanto se acuerden las nuevas cuentas para 2018.
Pero la presión sobre el gasto público desde Hacienda llueve sobre mojado, y demasiado reciente: hace apenas unos días las regiones conocían que Montoro congelará unos 4.000 millones de euros de las transferencias a las comunidades autónomas, también hasta la aprobación de nuevos presupuestos.
Más allá de la oposición, el enfado también ha hecho mella en el propio gabinete de Rajoy, según informa Cadena Ser: “¡Así cualquiera hace un presupuesto!”, recoge la emisora de fuentes del Ejecutivo.
Se trata de miembros de departamentos del Gobiernos que ya habían comprometido gastos con mayor límite que el 50% de la anterior partida y que no ven con buenos ojos el aumento del control provisional del gasto público de 2018.
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