Francisco Franco
El departamento que dirige Ernest Urtasun considera que la FNFF no cumple con los requisitos que marca la legislación para mantener su condición de fundación, al no perseguir fines de interés general y promover un discurso que menoscaba la dignidad de las víctimas del golpe de Estado y la dictadura.
El procedimiento comenzó en junio de 2024, cuando Cultura abrió una fase previa para recabar información de los órganos competentes: la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la Abogacía General del Estado y el Registro de Fundaciones.
Tras recibir los informes, el Ministerio notificó a la FNFF el 31 de octubre de 2025 el inicio del expediente. La entidad podrá ahora presentar pruebas y alegaciones antes de que se eleve la resolución al juez de Primera Instancia. Cultura calcula que el proceso judicial podría arrancar en un plazo mínimo de nueve meses, aunque el calendario dependerá de la estrategia de defensa de la fundación.
La resolución final incluirá un nuevo informe de la Abogacía del Estado, que respaldará la propuesta de extinción.
El Gobierno confía en que el expediente llegue a los tribunales “lo antes posible” y que las pruebas recopiladas sean suficientes para justificar la disolución de la entidad
Según los informes de la Abogacía del Estado y de la Secretaría de Memoria Democrática, la FNFF desarrolla actividades “contrarias al interés general” al promover una visión positiva del franquismo.
El expediente sostiene que la fundación difunde contenidos que ensalzan el golpe de Estado de 1936 y la dictadura posterior, y que sus fines estatutarios no tienen carácter cultural ni educativo, sino propagandístico. Además, se destaca que la FNFF goza de beneficios fiscales propios de las fundaciones, lo que implica que sus actividades se financian parcialmente con fondos públicos.
En su página web, la FNFF presume de custodiar el archivo personal de Franco y una biblioteca de más de 2.000 ejemplares, además de participar activamente en el debate político. Cultura replica que dicho acceso es “opaco y no público”, lo que refuerza la falta de interés general.
Los informes concluyen que los fines de la FNFF “no son culturales ni educativos”, sino de exaltación del franquismo, lo que vulnera la Ley 20/2022 de Memoria Democrática
Cultura prevé solicitar medidas cautelares en cuanto el expediente llegue al juez, con el objetivo de impedir que la FNFF manipule o destruya los documentos de su archivo histórico. El Ministerio considera que parte de ese fondo tiene naturaleza pública y debe preservarse bajo supervisión estatal, siguiendo el precedente del caso del Pazo de Meirás.
El Gobierno defiende que la extinción de la FNFF no busca limitar la libertad de expresión, sino garantizar el respeto a las víctimas y evitar el uso de estructuras jurídicas con beneficios fiscales para justificar la dictadura.
Una vez concluido el plazo de alegaciones, el Ministerio elaborará una resolución definitiva que elevará al juez. A partir de entonces, la disolución de la FNFF quedará en manos del poder judicial.
Mientras tanto, Cultura mantiene su compromiso con la memoria democrática y prepara nuevas acciones para proteger los archivos históricos vinculados al franquismo.
| Fase | Acción | Fecha estimada o realizada |
|---|---|---|
| Inicio del expediente | Apertura de actuaciones previas y solicitud de informes a organismos públicos | Junio 2024 |
| Notificación oficial | Comunicación del inicio a la Fundación Francisco Franco y apertura del trámite de alegaciones (10 días hábiles) | 31 octubre 2025 |
| Resolución final | Solicitud de informe a la Abogacía del Estado y firma de la resolución ministerial | Primer semestre 2026 |
| Elevación a los tribunales | Presentación del expediente ante el Juzgado de Primera Instancia | Estimado: verano 2026 |
De prosperar la petición judicial, la extinción de la Fundación Francisco Franco se convertiría en el primer caso de disolución de una entidad franquista al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno subraya que la medida “no es simbólica”, sino una aplicación efectiva de la norma destinada a reparar a las víctimas y consolidar un marco de memoria pública y democrática.
La decisión de Cultura abre un nuevo capítulo en la relación del Estado con las entidades vinculadas al legado franquista, un terreno donde el equilibrio entre libertad de expresión y dignidad de las víctimas sigue siendo uno de los grandes retos de la democracia española.
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