La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (Foto: Congreso)
Esquerra Republicana (ERC) ha dirigido este miércoles una interpelación urgente a la ministra sobre esta misma cuestión, en concreto por las modificaciones legislativas oportunas para incrementar las indemnizaciones en caso de improcedencia en el despido. Esta interpelación dará lugar a una moción de ERC que, previsiblemente, se debatirá la próxima semana.
En este contexto, Díaz ha dicho que en la actualidad hay empresas a las que, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días por año trabajado, «les sale a cuenta despedir» usando una indemnización de 33 días por año trabajado, según recoge Europa Press.
«Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos», ha denunciado Díaz, que ha incidido en que esto es muestra de una «patología» en el mercado laboral español, ya que, según ha dicho, España es los pocos países en Europa con un sistema de indemnizaciones similar.
De hecho, la ministra ha indicado que en su momento Francia «copió» el modelo de despidos introducido con la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el país vecino tuvo que corregir el sistema porque, según el Comité de Derechos Sociales y Económicos, incumplía con el artículo 24 de la Carta Social Europea. «Francia lo ha tenido que corregir y somos una anomalía en el conjunto mayoritario europeo», ha denunciado Díaz.
La vicepresidenta, de hecho, ha dejado entrever que el Gobierno comenzará a tomar medidas en lo que respecta a las indemnizaciones por despidos improcedentes, que no se incluyeron en la reforma laboral de 2021, por ser una ‘línea roja’ delimitada por la CEOE.
Sin embargo, Díaz señala ahora que España es de los pocos países con las indemnizaciones topadas y los sindicatos más representativos del país han interpuesto reclamaciones colectivas para «adverar» si España cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europa o si no lo hace. La ministra ha subrayado además que diferentes sentencias en la justicia española que demuestran que el país no cumple con este artículo.
«Pronto será turno de España», ha sentenciado la vicepresidenta, que le ha garantizado a ERC que el Ejecutivo «va a cumplir con lo que resuelve el Comité de Derechos Sociales y Económicos» en lo relativo al artículo 24 de la Carta Social Europea.
Por último, la vicepresidenta ha recordado que el coste de un despido improcedente «vulnera el ordenamiento jurídico» y «no puede ser consentido en un país democrático». En este marco, Díaz ha subrayado que el despido «debe ser disuasorio» y «debe reparar el daño causado» al trabajador, sobre todo teniendo en cuenta la situación de cada empleado.
«Esas personas son víctimas y es un deber de esta Cámara y de la política española que tengan un trabajo y la reparación necesaria en caso de vulnerarse la ley», ha apostillado Díaz.
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