La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero
El Ministerio de Hacienda ha sometido a consulta pública a través de su página web dos documentos relativos a la fiscalidad sobre el transporte aéreo y sobre los envases de plástico. El anuncio se produce apenas unos días después de que la Comisión Europea aconsejara a España dar una vuelta de tuerca a varios gravámenes, entre ellos los medioambientales.
Según datos de 2017, España registra el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales respecto al PIB de la UE. Los ingresos derivados de la fiscalidad verde supusieron únicamente el 1,83% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40%.
Con esta consulta, tanto las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, como cualquier ciudadano, podrán hacer llegar sus comentarios sobre los textos publicados en el portal del Ministerio de Hacienda a través del email ‘observaciones.proyectos@tributos.hacienda.gob.es’ durante los próximos quince días.
Los textos publicados hoy hacen referencia a un impuesto que grava los artículos de plástico de un solo uso destinados a contener y proteger bienes o productos alimenticios y, por otro lado, al establecimiento de un impuesto especial sobre el transporte aéreo.
El documento sometido a consulta pública indica que con el impuesto a los envases de plástico de un solo uso se pretende reducir el consumo de estos productos, previniendo y reduciendo el impacto que tienen sobre el medio ambiente y la salud humana.
El texto expone el grave problema de los millones de basuras plásticas que acaban contaminando los mares del planeta. Cada año, entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico ensucian los océanos. En la UE, entre 150.000 y 500.000 toneladas de residuos de plástico acaban cada año en el mar.
El consumo de plástico en España, una vez superada la crisis económica, ha vuelto a incrementar la cifra de residuos de envases de plástico hasta llegar a niveles precrisis, con 1,6 millones de toneladas en 2017.
Con este gravamen se pretende minorar el número de unidades de estos productos que son puestas en el mercado y reducir así su consumo, de forma que se prevenga la generación de residuos plásticos. Si el tributo lograra reducir el consumo de plástico, se generaría también una reducción de los costes de gestión de residuos, especialmente de aquellos que pudieran derivarse de su abandono en el medio ambiente. El documento sometido a consulta pública recoge que esta medida debe servir también para alumbrar nuevos modelos de negocio y alentar una producción y consumo más sostenibles, priorizando los productos reutilizables y las prácticas correctas de fabricación, sin comprometer la seguridad alimentaria o las propiedades de los productos.
Asimismo, dicho tributo contribuirá a la adecuación de la fiscalidad medioambiental en España a la media del resto de los Estados miembros, como aconseja la Comisión Europea.
El otro documento que el Ministerio de Hacienda somete a consulta pública es el impuesto especial sobre el transporte aéreo. Este texto recuerda que los aviones son una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Estas emisiones se han multiplicado por dos desde 1990 solo en el territorio de la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y se incrementarán hasta un 185% en 2040, según estimaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.
El objetivo de este gravamen, que debería tener en cuenta el hecho insular, sería fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, y que sirva como incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes.
La aplicación de un impuesto sobre el transporte aéreo permitiría también que España incrementara la contribución de los tributos medioambientales en los ingresos públicos, en línea con las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales.
Y también favorecería el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España para limitar o reducir las emisiones de efecto invernadero, tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como en el de la Unión Europea.
Actualmente, países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Austria aplican un impuesto sobre el transporte aéreo. También Francia, principal potencia turística del mundo, ha incorporado en su legislación un impuesto de estas características.
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