El G7 concede una moratoria de deuda a países pobres hasta finales de año por el Covid-19

El G7 ha mostrado su compromiso a aplicar una moratoria de todos los pagos procedentes de la deuda bilateral con países pobres que tengan que abonarse hasta finales de 2020 como medida para dar espacio fiscal a esos países para enfrentarse contra el Covid-19, según ha anunciado en un comunicado.

Los ministros de Economía y Finanzas del Grupo de los Siete, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón; se han reunido este miércoles de forma telemática para seguir coordinando la respuesta económica de los países del bloque al Covid-19.

Según ha asegurado el club de países, la pandemia «ha exacerbado las vulnerabilidades de deuda existentes en muchos países de bajos ingresos, lo que muestra la importancia de la sostenibilidad y transparencia de la deuda para la financiación a largo plazo del desarrollo».

Así, el G7 se ha comprometido a aplicar la iniciativa de suspensión de servicio de deuda (DSSI, por sus siglas en inglés), acordada tanto por el G20 como por el Club de París. La moratoria de pagos de deuda bilateral podría extenderse más allá de finales de 2020, si el G7 lo considera necesario. Los países del club aplicarán la moratoria a sus agencias de crédito a la exportación y a otros entes públicos de préstamo, al tiempo que instarán a todos los acreedores oficiales a que también se sumen a esta acción.

La medida «proporcionará a esos países espacio fiscal para financiar medidas de tipo social y sanitaria para responder a la pandemia».

A este respecto, el G7 ha valorado de forma positiva la iniciativa del Instituto de Finanzas Internacionales para coordinar la participación del sector privado en esta moratoria, al tiempo que han indicado que esperan que los bancos de desarrollo multilaterales proporcionen más detalles sobre cómo van a apoyar a los países que se beneficien de la suspensión de pagos.

El Grupo de los Siete también ha instado a los acreedores oficiales a que se adhieran a los principios y las buenas prácticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el G20, para desglosar por completo los términos de la deuda pública. También les han instado a no aceptar transacciones que usen como garantía activos o ingresos no relacionados con el objetivo del préstamo.

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