Banco Popular
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha dictado una nueva providencia en el marco de la causa abierta por la venta del Banco Popular a Banco de Santander. En ella, el tribunal acuerda preguntar a las partes personadas si procede suspender la tramitación de los recursos contenciosos presentados hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) resuelva los recursos que tiene pendientes contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que dictó sentencia sobre el Popular a principios de junio del año pasado.
El tribunal explica en su providencia que teniendo en cuenta el estado en que se encuentran las actuaciones, con el propósito de dotar de la mayor efectividad a la tutela judicial y evitar incidentes que retrasarían y complicarían la tramitación procesal, pregunta si procede acordar la suspensión hasta que resuelva el TJUE los procesos “en los que se ventila la Conformidad a Derecho de la decisión de la JUR de la que trae causa la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria aquí impugnada, tal y como se ha solicitado en alguno de los escritos de interposición, puesto que aquella constituye el presupuesto esencial de ésta”.
De otro lado, la Audiencia Nacional ha recibido también el correspondiente expediente administrativo- del que la Sala dará copia a las partes personadas- del oficio de remisión por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que el fondo de rescate explica su intervención en el caso del Popular y justifica, por razones de confidencialidad, que no se acompañen todos los documentos.
La documentación sobre la que la JUR (y por añadido, el FROB) justificó su decisión de resolver Banco Popular se ha convertido en uno de los caballos de batalla de los afectados por la resolución de la entidad que presidía Emilio Saracho, especialmente en lo que se refiere a un polémico informe de Deloitte que la autoridad europea se ha negado a publicar en su totalidad. Esta negativa ha provocado incluso un roce entre la institución europea y la comisión del Congreso que investiga la crisis bancaria.
Una vez hecha pública la providencia, las partes disponen de diez días para presentar sus alegaciones y mientras tanto el proceso queda paralizado a resultas de lo que acuerde finalmente el Tribunal.
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