Sede de la Comisión Europea
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, los esfuerzos de los Estados miembros para combatir el fraude en los gastos de cohesión siguen siendo insuficientes. Los datos del documento colocan en unos 1.000 millones el dinero afectado por el fraude entre 2007 y 2017.
Entre esos años se detectaron más de 4.000 irregularidades potencialmente fraudulentas que afectaban a los intereses financieros de la UE y representaban casi 1.500 millones de euros de ayuda de la UE. El 72 % de este importe afectaba a la política de cohesión, que comprende el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo.
Henri Grethen, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, recuerda que la política de cohesión representa una tercera parte del presupuesto de la UE, “pero en ella se concentra casi el 40 % del total de casos de fraude notificados y casi tres cuartas partes de los importes financieros totales afectados”.
A pesar de ello, los Estados miembros estiman en general que sus medidas contra el fraude son suficientemente buenas. Una percepción “optimista” que trata de desmontar el Tribunal de Cuentas Europeo.
“La detección, la respuesta y la coordinación tienen que reforzarse sensiblemente para prevenir y detectar el fraude y disuadir eficazmente a los defraudadores”, advierte el órgano auditor.
En el período de programación 2014-2020, los auditores admiten que las autoridades de gestión habían evaluado mejor el riesgo de fraude en el uso de la financiación del ámbito de cohesión y habían mejorado sus medidas de prevención.
Sin embargo, algunos de estos análisis no eran suficientemente exhaustivos y, en general, los Estados miembros no tienen una política específica contra el fraude, alertan. “No se han realizado progresos significativos en la detección proactiva del fraude”, advierte el TCE en un comunicado.
Los procedimientos de información también son insatisfactorios, a juicio de los auditores. “No se informa lo suficiente de los casos, lo que afecta a la fiabilidad de los índices de detección de fraude que publica la Comisión Europea”, explican. Las sospechas de fraude no se comunican sistemáticamente a los organismos competentes y la coordinación con otros servicios antifraude es insuficiente.
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