El Ejecutivo británico anunció el jueves una rebaja en impuestos a la renta, a los dividendos y a las cotizaciones sociales, entre otros programas de estímulos, como el tope a los precios energéticos. También decidió revertir una subida prevista del Impuesto sobre Sociedades y eliminar por completo el tramo más alto en el impuesto sobre la renta, el que pagan los individuos de mayores ingresos, además de suprimir el tope a los bonus de los altos directivos.
«Estamos vigilando de cerca los recientes eventos económicos en Reino Unido y estamos en contacto con las autoridades», ha indicado el FMI en un comunicado.
«Dadas las elevadas presiones inflacionistas en muchos países, incluido Reino Unido, no recomendamos paquetes fiscales grandes y no focalizados en este momento, ya que es importante que la política fiscal no trabaje en dirección contraria a la política monetaria. Además, la naturaleza de las medidas de Reino Unido probablemente incrementará la desigualdad», ha criticado el organismo multilateral con sede en Washington.
Asimismo, ha instado al Ejecutivo británico a aprovechar la presentación del presupuesto anual el próximo 23 de noviembre para «reevaluar» las medidas impositivas, especialmente las que benefician a los individuos de mayor renta.
Por otro lado, Moody’s considera que los recortes de impuestos «llevarán a déficits estructurales mayores en mitad de un alza de costes de préstamo, menores perspectivas de crecimiento y graves presiones de gasto público procedentes de la pandemia y una década de austeridad».
En todo caso, la calificadora de riesgos considera que el tope a los precios energéticos reducirá las presiones inflacionistas a corto plazo. Moody’s estima que el incremento que hubiera ocurrido en octubre hubiera sumado hasta dos puntos porcentuales a la tasa de inflación, que se situó en torno al 10% en agosto.
Las mayores necesidades y el descenso en ingresos por tributos ha llevado a Moody’s a esperar que el déficit presupuestario de Reino Unido exceda el 6% del producto interior bruto (PIB) durante los próximos dos años. La deuda pública se situará en el 104% para 2026, desde el 100% actual.
No obstante, la agencia ha indicado que existen riesgos al alza para la deuda, ya que el Estado afronta presiones de gasto tanto por las elevadas tasas de inflación como por las necesidades de áreas como salud, educación o transporte, que todavía están lidiando con presiones relacionadas con la pandemia «y con el legado de una década de austeridad».
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