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El FMI pide a España una «estructura clara de gobernanza» que supervise el uso de los fondos europeos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado al Gobierno a que ponga en marcha una «estructura clara de gobernanza» que se encargue de supervisar el uso de los fondos pertenecientes al plan de recuperación aprobado por la Unión Europea, según se desprende de las conclusiones de la revisión anual que el organismo realiza de la economía española, conocida como ‘Artículo IV’.

«Dada la envergadura sin precedentes de los fondos, resulta crucial disponer de una estructura clara de gobernanza que supervise la ejecución de los planes y la consecución de hitos clave, con vistas a permitir recalibrar los planes, asegurar una elevada efectividad y abordar nuevas necesidades que puedan plantearse», han recomendado los técnicos del FMI en las conclusiones de su informe, publicadas este miércoles.

Para la institución presidida por Kristalina Georgieva, el fondo de recuperación europeo brinda una «oportunidad excepcional» para cerrar «parcialmente» la brecha de demanda causada por la pandemia y «facilitar» la transformación estructural de la economía para elevar su capacidad productiva a medio plazo.

El FMI ha atribuido, precisamente al impacto de los fondos europeos la revisión al alza de sus previsiones de crecimiento del PIB para 2021 hasta el 7,2%, frente a la anterior estimación del 6,3% que realizó en el mes de junio. Las previsiones definitivas se conocerán en octubre, cuando el FMI publique su informe bianual ‘Perspectiva Económica Mundial’.

El Fondo ha puesto como ejemplo que los recursos europeos se podrían destinar a la rehabilitación de edificios, la creación de estaciones de carga de vehículos eléctricos y la mejora de la infraestructura de distribución de agua y gestión de residuos. En su opinión, este tipo de inversiones «crearían empleo a corto plazo, al tiempo que fomentarían la descarbonización de la economía y el progreso hacia la sostenibilidad medioambiental a largo plazo».

De hecho, el FMI considera que cualquier apoyo público a las empresas en esta crisis debería estar supeditado a «compromisos vinculantes» en materia de sostenibilidad.

Por otro lado, ha recordado que la «empleabilidad» de los afectados por los cambios económicos mediante más y mejores políticas activas de empleo y formación, así como la segmentación del mercado de trabajo, «siguen siendo prioridades fundamentales» para lograr una mayor equidad. Debido a esto, el FMI entiende que los fondos europeos ofrecen una «oportunidad» para aprobar reformas laborales.

«Por ejemplo, cualquier coste de transición ocasionado por la introducción de un fondo para despidos que haga al mismo tiempo más atractivos los contratos indefinidos podría suavizarse potencialmente mediante el uso de fondos de la UE», ha recetado el FMI. Asimismo, también podrían emplearse para ampliar la formación laboral, digitalizar la economía e impulsar la capacidad de las empresas para innovar y absorber las nuevas tecnologías.

En la rueda de prensa en la que se han presentado las conclusiones, la jefa de la misión para España del FMI, Andrea Schaechter, ha explicado que este «fondo para despidos» sería la ‘mochila austríaca’. También ha señalado que los fondos europeos se podrían emplear para conceder subsisdios a las empresas en la etapa inicial de su implementación.

«La dualidad [del mercado] laboral es un problema estrucutral», ha asegurado Schaechter, argumentando que la temporalidad ha contribuido a la volatilidad del mercado laboral, a la baja productividad y a la «falta de inversión» en los trabajadores por parte de las empresas.

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E.B.

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