El fiscal suizo imputa al presidente del Banco Mirabaud por una cuenta relacionada con el emérito

Según adelantaba El País y han confirmado a Europa Press fuentes del caso, el fiscal del cantón de Ginebra incluye así a Mirabaud entre los investigados en la causa que se sigue en el país helvético por blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares. El motivo es la falta de transparencia sobre esa donación de 100 millones de dólares -65 millones de euros- que el emérito recibió del rey Abdalá de Arabia Saudí.

Este nuevo paso en la investigación suiza llega cuando se acaba de cumplir un año de la marcha del rey emérito a Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde entonces. Su salida del país se produjo después de que el ‘Sunday Telegraph’ desvelara el 14 de marzo de 2020 un generoso ‘regalo’ millonario al emérito por parte de Arabia Saudí. Esto llevó a que Felipe VI anunciara el 15 de marzo que retiraba su asignación al emérito.

Además, en marzo de 2019 se recibieron ya en Zarzuela dos cartas del bufete británico en el que trabaja el abogado de Corinna Larssen, examante de Juan Carlos I, informando de que Felipe y la Princesa de Asturias figuraban como segundo y tercer beneficiarios de la Fundación Lucum.

Dicha fundación fue creada en 2008 para supuestamente ocultar esa donación que Arabia Saudí habría hecho al entonces jefe de Estado. Esos fondos permanecieron en una cuenta en Suiza hasta que en 2012 el emérito transfirió los 65 millones a Corina Larssen.

Por otra parte, el 2 de marzo de 2019 Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, negaba en una entrevista en ‘El País’ ser el “testaferro” del emérito y aseguraba que los fondos de la Fundación Zagatka, creada en 2003 en Ginebra, eran suyos y que su objetivo era poder ayudar a las familias reales que lo necesitaran.

El siguiente hito en el devenir judicial del emérito llegó el 5 de junio cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encargaba al fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, las diligencias respecto al supuesto cobro de comisiones por el emérito por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.

Según explicó la Fiscalía General del Estado (FGE), la investigación asumida por Campos se derivaba de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido entre otros Juan Carlos por la citada adjudicación en 2011.

Con el emérito ya en Emiratos Árabes, el pasado noviembre la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció dos nuevas investigaciones. La primera, por el uso por parte de Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que ninguno de ellos figura como titulares los años 2016, 2017 y 2018. Dado que los gastos superaban los incrementos de renta no declarados por encima de los 120.000 euros, la Fiscalía previno de que podrían constituir delito fiscal.

La segunda está relacionada con la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del Rey emérito en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Dos regularizaciones y una demanda

Ante estos hechos, el antiguo monarca procedió el 9 de diciembre a una regularización fiscal por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados en su contra.

A esta siguió una segunda -en teoría la última- el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie y que tienen que ver con “determinados gastos por viajes y servicios realizados” por el Rey emérito a costa de la Fundación Zagatka, a cargo de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza por las actividades de esta firma.

Los pagos se habrían realizado hasta 2018, con posterioridad a la abdicación, y el Rey emérito aparecería como beneficiario de Zagatka hasta junio de 2020, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos y a sus tres hijos como beneficiarios. En este sentido, Álvaro de Orleans volvió a reivindicar que la fundación es suya y que no ejerce de “testaferro”.

En mayo, la Agencia Tributaria (AEAT) notificaba al rey emérito la apertura de una inspección y le pedía más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar esos casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó la fundación de su primo.

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