El fiscal general negó «rotundamente» la filtración pero dijo que fue un «error» no informar nada más enterarse del caso

En la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal general negó en hasta cinco ocasiones esa revelación de la que se le acusa («no, rotundamente no»), y dijo no haber filtrado el asunto concreto a personas vinculadas a Presidencia del Gobierno.

Con todo, sí que confesó que tras reflexionar sobre los acontecimientos considera que cometió un «error» porque desde el momento en que tuvieron conocimiento de que «era una persona relevante y con trascendencia pública quien era denunciado por la Fiscalía» –el 7 de marzo– tendrían que «haber dado una nota de prensa, una nota informativa».

«De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador, puesto que una nota de prensa encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada», apuntó.

García Ortiz, con respuestas concisas negó además haber intentado perjudicar a González Amador por ser la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. «En absoluto. El señor Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales», dijo para acto seguido negar también haber tratado de obstaculizar la negociación de conformidad de este con la Fiscalía de Delitos Económicos.

«Por supuesto que no, es más, estoy abstenido de esa causa, porque es evidente la situación de querellante y querellado que tenemos en el Tribunal Supremo. No, no he visto, no veo nada de lo que ocurre en esa causa», añadió.

Tras esto, recordó que él supo de la denuncia contra González Amador el 7 de marzo gracias a su jefa de prensa y que ordenó una dación de cuentas al respecto –contemplada en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)–. En este sentido, subrayó que son «numerosas» esas daciones de cuenta y apuntó que entre 2023 y 2024 hubo 305.

«NO EXCESIVAMENTE COMPLEJO: FACTUREROS»

Explicó que tras ser informado vio que se trataba «de algo no excesivamente complejo, un delito fiscal con una falsedad, con lo que (…) llaman factureros», y el asunto se dejó ahí.

Con todo, subrayó que debió haber ordenado emitir una nota de prensa como hacen con otras personas de relevancia, y citó el caso del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, del exjugador blanco Xabi Alonso o de Borja Thyssen.

Tras esto, su defensa le preguntó por el 13 de marzo, día previo a la publicación del comunicado por parte de la Fiscalía de Provincial de Madrid que es objeto de investigación y de cuya emisión el fiscal general se hace responsable único.

Sobre ese día, García Ortiz recordó que la denuncia estaba «en todo el universo mediático» y que fue informado de que el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso había mandado un whatsapp a periodistas en el que sostenía que la Fiscalía era quien ofrecía el pacto a González Amador y que por órdenes de arriba se había retirado.

«Esta información me llega a través de una llamada que me hace la fiscal superior Almudena Lastra alrededor de las 20.00 horas a mi domicilio, a mi teléfono particular», recordó, para añadir que lo interpretó «como una llamada de atención grave».

Luego, explicó que tuvo conocimiento de la noticia publicada por ‘El Mundo’ a las 21.29 horas y que entonces decide que debe ver los correos que se cruzaron el fiscal y la defensa de González Amador a los que hacía alusión la información.

«Necesito esos correos para hacerme una idea de cuál es la situación, y lo primero que hago es llamar a la fiscal jefe provincial de manera directa para pedirle que recabe esos correos», indicó dado que entendía que la información de ‘El Mundo’ podía ser «equívoca» por «extravagante».

El fiscal general apuntó que también habló con Lastra y coincidieron en que había que salir para «atajar las mentiras» que pudieran salir, y valoraron tanto una rueda de prensa al día siguiente como una nota de prensa. «La nota de prensa es una idea común», espetó.

Al hilo, señaló que esa noche de «presión» tuvieron constancia de que Miguel Ángel Rodríguez mandó a dos listas de difusión «información evidentemente falsa» en la que se decía que «desde arriba» –en relación al fiscal general– se buscaba tumbar el pacto de González Amador. «Es una insidia absolutamente», aseveró para incidir en que se transmitían así «informaciones sensibles e informaciones que no corresponden a la verdad».

Ya con toda la información sobre su mesa, decidió que había que «desmentir una cadena de informaciones falsas que llevaban a pensar que la Fiscalía (…) había tenido un comportamiento no profesional o irregular en este caso cuando su actuación había sido absolutamente impecable y transparente».

BORRA EL MÓVIL PORQUE «ES IMPOSICIÓN LEGAL»

En otro momento del interrogatorio de su defensa, el fiscal general explicó que desde que fue nombrado fiscal jefe de sala de la Secretaría Técnica hasta hoy ha cambiado 6 veces de terminal móvil, algo que explicaría que recientemente lo hubiera hecho.

Y sumó que borra «absolutamente todo» lo contenido en su móvil «de una manera regular» dado que los datos «son ultrasensibles». «Yo no puedo permitirme el lujo de perder o de que llegue a manos de terceros un terminal con la información que tiene», añadió.

En este sentido, matizó que no borra regularmente «porque ejerza el libre derecho a manejar el terminal como quiera» sino que lo hace porque «es una imposición legal».

«Debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice un reglamento de protección de datos de la Unión Europea», advirtió, para aclarar que «los datos son un patrimonio y si circulan por sitios que no deben son un perjuicio inmenso, es un principio básico, absolutamente básico».

Al hilo, tildó de «inferencia ilógica» que se sostenga que cambió de terminal el 23 de octubre de 2024 por esta causa en concreto. «Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia, o lo hubiera cambiado el 15 o el 16 de octubre, que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada, no iba a exponer mis datos durante 6 días a la ligera», comentó.

Tras esto, incidió en que, además, en ese momento era «absolutamente impensable para un fiscal general, no hay precedentes en todo el derecho europeo, que se entrara en el despacho del fiscal general y que se le incaute el dispositivo».

Acceda a la versión completa del contenido