El fin del teletrabajo en la Justicia desata un choque entre funcionarios y el Gobierno

“De manera unilateral y por sorpresa”. Así ha decidido el Ministerio de Justicia acabar con el teletrabajo para sus funcionarios y funcionarias, critica CSIF, que señala que esto afecta “fundamentalmente” a letrados y los Cuerpos Generales (Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial) y Especiales (médicos forenses, facultativos y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología).

El sindicato deja claro su “rechazo frontal” a la decisión del departamento de Llop que “discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores que sí tienen reconocido este derecho que favorece la conciliación laboral y familiar, la productividad”. “Esta medida arbitraria e injusta va además en contra del acuerdo sobre teletrabajo firmado en 2021 en la Mesa General de las Administraciones Públicas y que todavía está pendiente de desarrollo”, lamenta.

Tal y como recuerda, el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Consejo de Ministros en junio del año pasado recogía el trabajo a distancia”. También, el acuerdo de coalición de Gobierno suscrito hace unos días entre PSOE y Sumar recoge esta medida.

“Sin negociación y sin plantear opciones”

CCOO ha alzado la voz también contra el paso dado por Justicia. Según censura, elimina el teletrabajo a través de una “orden unilateral, sin negociación, y sin plantear opciones menos drásticas para el personal del servicio público de Justicia”. En su opinión, “es urgente e imprescindible la regulación del teletrabajo de forma negociada y pactada” y así lo exigirán a la ministra.

La organización sindical explica que el ministerio “ha despachado” este asunto con una circular, “acabando con el teletrabajo de un día para otro, tras años en los que ha ‘usado’ al personal de la Administración de Justicia para hacer frente a una pandemia excepcional y tras la cual ha sido incapaz de poner los mecanismos necesarios para normalizar el trabajo con las garantías pactadas con CCOO en marzo de 2021”.

“La pretendida justificación jurídica que utiliza el ministerio en la circular que se adjunta (‘por la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19’) es absolutamente irrisoria”, asegura, “teniendo en cuenta que hace más de dos años que finalizó la aplicación, con carácter general, de las medidas COVID”.  Dicho esto, arremete contra el departamento de Llop por usar “todo tipo de excusas y pretextos” para aplicar el acuerdo que, en marzo del año 2021, alcanzó con parte de los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial que permitía que se incorporara legalmente el teletrabajo para todo el personal de Justicia.

“Por el contrario”, remarca, “ha preferido una vez más acudir al dictado de una orden unilateral, sin comunicarla previamente a su traslado a las y los letrados y secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, y sin dar otras opciones menos drásticas para los intereses de la conciliación de la vida laboral y familiar de quienes tienen esta opción de trabajo”.

“Al traste con los derechos laborales”

Para CCOO el ministerio de Llop “ha dado al traste con los derechos laborales, con el acuerdo firmado en 2021 que regulaba con objetividad y transparencia un teletrabajo que se impuso de forma excepcional sin negociación alguna, pero que era necesario para que esta Administración de Justicia siguiera siendo útil a la sociedad”.

A UGT no le pilla por sorpresa la decisión de Justicia. “El Ministerio de Justicia lo vuelve a hacer: retira la normativa del teletrabajo sin aviso y sin negociación previa”. Así de tajante se muestran desde UGT, a quien no le sorprende la decisión. “No nos sorprende, pero es imposible aceptar la falta de empatía que el ministerio tiene con sus funcionarios”, critica.

“Regresar a una Administración de Justicia medieval”, según los letrados

La Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) ha mostrado su “tristeza” por esta noticia, ya que lo considera “un grave paso atrás para la Administración Pública, por parte de un ministerio que ha alardeado durante toda la legislatura de ser un equipo vanguardista entorno a la modernización y digitalización”.

“Poner fin al teletrabajo sin una regulación legal alternativa que permita su consolidación y progreso es regresar a una Administración de Justicia medieval”, asegura en una nota, “y que manifiesta una gran falta de compromiso con la igualdad”. Según exponen los letrados, “existe una gran parte del presupuesto de Justicia que ha ido dirigida al desarrollo del teletrabajo, por lo tanto, desechar esta inversión es una falta de respeto a todos los ciudadanos que en este país lo están pasando mal, y por consiguiente es un mal ejemplo por parte de la Administración hacia todo el Estado”.

Para la UPSJ el teletrabajo “ha llegado para quedarse, porque supone un gran ahorro de tiempo, un gran ahorro de energía que reduce la además la contaminación, permite la flexibilidad y la autonomía del trabajador lo cual ayuda a cumplir sus objetivos”. Además, “mejora la motivación, la productividad, mantiene el compromiso con la conciliación laboral y la natalidad”.

Tras esto, denuncian “otra desigualdad injusta entre trabajadores”. Y es que, “se veta el teletrabajo para los letrados en todo el territorio nacional y para los funcionarios de la Administración de Justicia que son de su competencia, pero se mantendrá en muchas comunidades autónomas con competencias transferidas”.

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