BBVA
Arbizu, investigado por un presunto delito de cohecho, ha comparecido durante unas tres horas por iniciativa propia, después de que la primera vez que le llamó el juez instructor, en noviembre de 2019, se negara a contestar a sus preguntas por estar entonces la causa bajo secreto de sumario.
En esta ocasión, ha tomado la palabra para indicar que no tuvo ninguna intervención en la contratación de CENYT con BBVA, que habría derivado en una serie de encargos entre 2004 y 2017 por los que Villarejo se habría embolsado más 10 millones de euros.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Arbizu ha señalado que ni conoce ni conocía a Villarejo y a su socio Rafael Redondo, ni tuvo ningún contacto con CENYT, subrayando en este sentido que no se reunió, habló por teléfono o se intercambió correos electrónicos con ellos ni recibió informes de CENYT.
Arbizu ha explicado que no tenía ninguna responsabilidad funcional sobre los departamentos que llevaron a cabo la contratación con las empresas de Villarejo, Seguridad y Riesgos, comandando entonces por Antonio Béjar.
Ha ahondado en este sentido para indicar que el modelo de cumplimiento normativo de BBVA o ‘compliance’ no le atribuía ninguna función de control sobre las decisiones relativas a la contratación de proveedores o sobre el seguimiento de la ejecución de los contratos, puntualizando que esas responsabilidades recaían sobre los propios departamentos contratantes.
Por otro lado, ha querido hacer hincapié en que BBVA inició en 2018 una investigación interna por los presuntos encargos a Villarejo precisamente a instancia suya. Fue entonces, ha contado, cuando fue consciente de los contratos firmados por la entidad bancaria con CENYT.
Además, ha destacado que esta investigación interna se hizo conforme a los criterios de ‘compliance’, enfatizando a este respecto que fueron unas pesquisas objetivas.
También ha hablado sobre su salida de BBVA, que se produjo el 30 de julio de 2019 por estar supuestamente involucrado en la encomienda de investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda.
En este punto, ha remarcado que el expediente sancionador le atribuyó hechos que luego el propio banco ha admitido que no eran ciertos, lo que derivó en el archivo de dicho expediente.
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