El ex chofer de Bárcenas pide al juez que le libre de ‘Kitchen’ porque actuó convencido de que era legal

En su recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, Ríos pide al magistrado que revise su auto del 29 de julio, con el que puso fin a la investigación de la ‘Operación Kitchen’ acordando procesar a once personas por el espionaje que se habría orquestado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior contra Bárcenas para robarle la documentación comprometedora que pudiera tener del PP y sus dirigentes de modo que no cayera en manos de la Justicia.

Para la defensa, la resolución judicial debería declararse directamente nula porque entiende que carece de las más mínima argumentación para imputar a Ríos los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación que observa en los once procesados.

Ríos reclama al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional un nuevo auto motivado donde acceda al menos a llevar a cabo las pesquisas planteadas por el ex chofer de los Bárcenas, aunque afirma que en realidad debería acodar el archivo de esta pieza separada de ‘Tándem’ respecto a él, con lo que quedaría fuera del procedimiento.

Y ello porque, según sostiene el abogado de Ríos, este último «actuó con la conciencia y el convencimiento pleno de que lo hacía por mandato judicial y policial, colaborando con las autoridades pertinentes para evitar la comisión de nuevos delitos o para ayudar al descubrimiento de la verdad material y la investigación de los hechos que estaban siendo objeto de investigación en la trama ‘Gürtel'».

UN «ESFUERZO DE IMAGINACIÓN»

Uno de los principales reproches que la defensa de Ríos hace a García-Castellón en este escrito de 99 páginas es que realizaría una especie de incriminación «generalista y despersonalizada» al no individualizar las conductas cometidas por cada uno de los procesados que darían pie a la imputación de dichos delitos. «De forma que nos vemos en la obligación de hacer un esfuerzo de imaginación que desvirtúa el derecho de defensa», critica.

Acusa al instructor de emitir «una resolución vacía del contenido jurídico que le es propio y necesario» para «mantener las acusaciones ante todo y pese a todo», habiéndose basado, en el caso de Ríos –conforme esgrime su letrado– en «las declaraciones inculpatorias del resto de acusados que, en el ejercicio de su derecho de defensa, pueden no declararse culpables e inclusive mentir, siendo algo plausible que falten a la verdad a la hora de descargar culpas».

En consecuencia, demanda una mayor fundamentación jurídica para procesar al ex chofer de los Bárcenas, «ya no solo por mandato constitucional y legal, sino también en atención al gravamen y estigma social que éste genera en el sometido al proceso penal», «con el añadido de que ha sido suspendido de empleo y sueldo en tanto en cuando se resuelva esta cuestión».

CIERRE «PREMATURO»

Además, considera que poner fin a la fase de instrucción de esta pieza 7 es «prematuro» porque no se han efectuado todas las diligencias de investigación que cree «necesarias y pertinentes» para conocer la verdad, enfatizando que el juez no ha aceptado ni las planteados por esta parte ni por el Ministerio Fiscal. «Y es que por este órgano judicial no se realizado (…) ni la más mínima actividad instructora» para descartar los hechos atribuidos a Ríos, espeta.

La defensa insta a determinar que «existe algo más que sospechas infundadas y pretendidas» contra su cliente, las cuales giran en torno a cómo obtuvo la plaza de agente de la Policía Nacional –«si tuvo algún tipo de privilegio» como supuesto pago por ‘Kitchen’– y al volcado de los dispositivos electrónicos de Bárcenas que la mujer del ex tesorero, Rosalía Iglesias, por indicación de éste último le pidió que entregara al entonces abogado del ex dirigente ‘popular’.

En definitiva, «se deriva la necesidad de descartar o confirmar si efectivamente mi representado ha obrado dentro de la legalidad y ha obtenido su plaza como funcionario público del Cuerpo Nacional de Policía», apunta la defensa recalcando que el trabajo de Ríos para la familia Bárcenas era «plenamente lícito», «no pudiéndosele reprochar nada más, ni tan si quiera indiciariamente».

EL MÓVIL DE BÁRCENAS

Hace asimismo un análisis pormenorizado de todos los delitos señalados por García-Castellón para concluir que ninguno es imputable a Ríos. Y analiza especialmente la revelación de secretos, que obedece al volcado de dichos dispositivos, haciendo hincapié en que Ríos se habría limitado a seguir órdenes de los Bárcenas y señalando que, en todo caso, debería investigarse qué ocurrió después de que se dejara el teléfono móvil en el despacho de Javier Gómez de Liaño.

Según expone el recurso, Ríos recibió el terminal apagado y sin las claves para poder activarlo. «Nos preguntamos, ¿Cuál ha sido la cadena de custodia?, ¿ha existido una orden para la clonación del teléfono?, ¿quién lo ordenó?», plantea.

En cuanto a los restantes delitos, el escrito sostiene que se trata de tipos especiales aplicables solo a ciertos funcionarios y autoridades que no serían achacables a Ríos cuando ocurrieron los hechos. Entonces, asevera, «era un ciudadano normal y corriente cuya actividad profesional era la seguridad privada».

En consecuencia, asevera que Ríos «no ha cometido ilícito penal alguno, siendo todas sus actuaciones válidas y acordes a derecho», sin que haya «ni tan siquiera un indicio de prueba sólido» que sugiera lo contrario, por lo que pide aplicar el principio de ‘in dubio pro reo’ y sacarlo de ‘Kitchen’.

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